Elpresidente del superior tribunal sostuvo que en Entre Ríos también hay medios que “exaltan las noticias de violencia” El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Carubia, aseguró que en la provincia, al igual que en Capital Federal, los medios juegan un papel relevante en la sobrevaloración de la inseguridad como fenómeno social. Si bien indicó que en Entre Ríos la situación “no es idílica”, remarcó que “no es el Gran Buenos Aires”. Asimismo, mencionó que la inseguridad “no es un problema judicial” y reclamó prevención del delito y atención a los problemas sociales. El magistrado auguró que el nuevo Código Procesal Penal mejorará el servicio de justicia y la imagen de este en la sociedad y cargó contra el Consejo de la Magistratura por la mora en el nombramiento de jueces.La primera referencia sobre la inseguridad fueron las declaraciones de los magistrados de la Corte Suprema Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni, quienes hace unos días manifestaron públicamente que el fenómeno “es exagerado e inflado por los medios” y que responde a la “coyuntura política”, respectivamente. “Los dos admiten que existe un nivel de inseguridad en la comunidad. Sí dicen que está exaltado por los medios y por los intereses políticos. Creo que hay una gran exaltación de la violencia por parte de los medios”, consideró Carubia.
Como ejemplo de esto, citó: “Días pasados, ví en un canal de noticias a la mañana un hecho bastante desagradable al que lo repitieron, en una hora y media, seis veces. Hay incluso medios muy dedicados a la exaltación de los temas policiales y a difundir esta idea de la inseguridad, que genera mayor sensación de lo que realmente existe”.
El presidente del máximo Tribunal provincial apuntó también a la transmisión que hacen de hechos que ocurren en Capital Federal o Gran Buenos Aires y la vinculación que con ello establece la población provincial. “Indudablemente, la gente se mimetiza con lo que ve en la televisión y adquiere el nivel de inseguridad que le están transmitiendo”, sostuvo
“Yo no digo que lo nuestro sea idílico – aclaró - La vida aquí se ha puesto complicada. Tenemos problemas de seguridad, pero esto no es el Gran Buenos Aires. Ni cerca. Pero la sensación de la gente es más o menos la misma. También tenemos medios aquí que exaltan la noticia de violencia”, sentenció.
“Hay violencia e inseguridad en la sociedad. El concepto de seguridad urbana que teníamos en nuestros pueblos provincianos hace 30 años ha sido superado totalmente. Una serie de factores han incidido en la violencia de la gente y en el menor nivel de seguridad de los habitantes”, añadió.
A renglón seguido, definió: “Técnicamente, la seguridad no es un problema judicial, porque la Justicia comienza a actuar cuando ya está quebrada, cuando se la ha violentado y cometido el delito. Recién allí comienza a funcionar el sistema judicial”.
El servicio de Justicia “puede aportar a través de las sanciones penales oportunamente aplicadas y con medidas muy posteriores al hecho que vulnera la seguridad. Pero la seguridad es un problema de prevención, de salud y de convivencia” en la sociedad provincial.
Carubia confesó no saber el motivo por el cual la sociedad carga directamente sobre el Poder Judicial la responsabilidad por la inseguridad. Sin embargo, arriesgó que la sociedad “necesita justicia y recurre a la Justicia. Cualquier tipo de injusticia (social o de salud, por caso) que aparece en la sociedad, la gente pretende que lo resuelva el Poder Judicial”.
El Judicial “sólo puede dirimir conflictos que se suscitan, reales, pero no puede resolver todos los problemas de injusticias que hay en la sociedad”.
• Puertas adentro
Carubia mencionó que el reclamo ciudadano no es que la Justicia repare el daño, sino que éste “no se produzca”. Pero una vez que ocurre “y llega el conflicto a Tribunales, las respuestas de la Justicia son variadas: en los casos donde hay personas imputadas o sospechosas con un proceso en camino, me parece que (los Juzgados) se manejan con cierta eficiencia”.
“Pero si uno revisa la cantidad de delitos que vienen denunciados contra autores desconocidos, el tema es un poco más complejo. Aquí la Justicia no tiene absolutamente ninguna responsabilidad porque no es la que realiza la investigación buscando a los autores”, distinguió.
El magistrado afirmó que espera que la prueba piloto del nuevo Código Procesal Penal en la provincia puede hacer variar la imagen del servicio de justicia en Entre Ríos. En este nuevo sistema, la investigación no estará en manos de un Juez de Instrucción, sino de un Fiscal especializado, que contará con una policía científica, entre otras particularidades relevantes.
“La idea de este nuevo Código es la celeridad de los procesos, la respuesta rápida al conflicto, la posibilidad de solucionarlo en muy breve tiempo, que el juicio oral y público se haga en un plazo corto con la noticia aún en los medios y que no pasen 8 ó 9 meses o un año hasta que se realice”, sostuvo.
Con este nuevo sistema “la gente tendrá la sensación de que la Justicia es más rápida, nada más. Tenemos que mejorar los sistemas de investigación, hay mucho que trabajar en la policía técnica de investigación. Va a llevar su tiempo que se aceite, conseguir la tecnología adecuada y capacitar a los cuadros”, abundó.
“El material humano (de la Justicia provincial) es muy bueno, pero está muy desgastado porque está con una tarea que lo supera permanentemente. La escasez de medios humanos y técnicos y el incremento de causas, complica la labor y el rendimiento y el desánimo se hace carne en la gente”, consideró. Un informe hecho por esta Agencia en base a datos provistos por la oficina de estadísticas del STJ mostró que cada Juzgado de Instrucción tuvo que hacer frente en 2008 a 1244 causas en promedio.
Asimismo, el titular del Superior revalorizó al personal de Tribunales aseverando que está “muy comprometido con el problema. Con un sistema más adecuado y más medios, podemos mejorar”, auguró.
La Justicia de Instrucción en Paraná está repartida en ocho Juzgados, de los cuales sólo uno tiene un titular: el Nº5, a cargo de Ricardo Bonazzola. Los restantes o tienen suplentes o están vacantes y funcionan con un juez interino. En ambos casos, las designaciones provisorias las realiza el Superior Tribunal de Justicia
Esta situación “no se da sólo en Paraná y no sólo en los Juzgados de Instrucción, sino en (toda) la Justicia de Entre Ríos” puntualizó, asintiendo que la provincia tiene un servicio judicial con características provisorias. “Esa es la realidad”, confesó.
Carubia cargó las tintas sobre el Consejo de la Magistratura (CdeM) por esta falencia. “Cuando se implementó trabajó ágilmente y se fueron cubriendo las muchísimas vacantes que había con regularidad. Hace un tiempo bastante prolongado, no hay nombramientos, pese a que se han hecho concursos y a que hay pliegos en el Senado esperando el acuerdo”.
Además, comentó que el Superior Tribunal hace autocrítica sobre las designaciones provisorias que realiza cuando se producen vacantes. Es que en muchos casos, y salvo algunas excepciones, los hombres y mujeres que el Alto Cuerpo coloca tienen a la hora de concursar en el Consejo de la Magistratura un pobre desempeño. Un informe realizado por el periodista Federico Malvasio para el semanario Análisis en octubre del 2008 mostró que sólo la Dra. Elisa Zilli (a cargo provisionalmente del Juzgado de Instrucción Nº 8) superó los puntajes para continuar en el concurso ante el CdeM para titularizar.
“No intervenimos en los concursos (del CdeM) ni ese es el parámetro que tomamos, usamos otros para las designaciones. Pero la revisión de las personas que ponemos provisoriamente a cargo de organismos está vigilada permanentemente y de hecho hemos cambiado algunos funcionarios que no han satisfecho las expectativas de rendimiento”, concluyó.
Fuente-APF.Digital
