Se dio lectura al fallo por el incendio y robo al estudio jurídico de la abogada Caccioppoli, que representa víctimas de delitos de lesa humanidad. Dictaron la probation para otra acusada. Seguirá investigando la Justicia federal.
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La abogada recurrirá ahora a la Justicia federal. (Foto: UNO/Pablo Bianchi)
En los tribunales de Concepción del Uruguay se dio lectura al fallo contra los dos acusados de robar e incendiar el estudio jurídico de la abogada la madrugada del 8 de abril de 2010. Se trata de Claudio Osmar Miño e Ivana María Laura Gauna, quienes fueron representadas por las defensoras oficiales, doctoras Alejandrina Herrero y Sandra María Re, respectivamente.
Cabe recordar que la querella –representada por Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet– solicitó la pena de cuatro años de cumplimiento efectivo para Gauna, por robo calificado por efracción y escalamiento y el delito de incendio como encubridora, en tanto que para Miño solicitó la pena de siete años de cumplimiento efectivo, por el delito de robo calificado por efracción y escalamiento, pero también por su responsabilidad en el incendio.
Finalmente el Tibunal consideró a Miño penalmente responsable de ambos delitos, imponiendo una pena de cinco años de prisión efectiva, que cumplirá una vez que se resuelva el recurso de casación; en tanto que se dispuso la suspensión del juicio a prueba (probation) para Gauna, ya que se tuvo en cuenta su condición de madre de dos niños.
Desde la querella se mostraron conformes con el fallo, pero –como lo adelantara la misma damnificada– se espera seguir una instancia ante la Justicia Federal, ya que consideran que hubo algo más en torno al caso. La sospecha es que está relacionado a las causas de lesa humanidad que la doctora Caccioppoli lleva adelante por delitos cometidos en la dictadura militar en las ciudades de Concepción del Uruguay y Concordia.
Sospechas
En diálogo con UNO, Caccioppoli dijo estar
"conforme" con el fallo. "En la posición que tiene una, de ser abogada
de los derechos humanos, tiene una mirada diferente sobre los
imputados", dijo sobre ls penas dispuestas. De todos modos aseguró: "Mi
conformidad va a ser completa cuando se encuentre al autor intelectual
de este hecho y voy a seguir investigando".Sucede que, para la abogada, existe la sospecha de que los acusados no actuaron por decisión propia, sino que respondieron a las órdenes de terceros que habrían intentado beneficiarse con la destrucción de documentación importante relacionada con la causa "Área Concordia", en que se investiga la represión ilegal en la Capital del citrus.
En ese sentido, indicó que el tribunal que integran Mariela Rojas de Di Pretoro, Alberto Seró y María Evangelina Bruzzo librará testimonios recogidos durante el juicio al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, para que allí se abra una investigación sobre lo sucedido y su relación con las causas de la dictadura.
"El móvil no era solo el robo, sino que (el ataque) estaba destinado a amedrentarme y destriur documentación importante sobre el Área Concordia", dijo la damnificada. Se trata de copias de informes de inteligencia de la Policía de Entre Ríos elaborados a partir de 1975 que había rescatado la Delegación Concordia de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia y cuyos originales se alcanzaron a presentar ante la Justicia federal.
Curiosamente, el ataque se produjo en simultáneo con la difusión mediática del hallazgo de aquellos papeles. De hecho, la noticia se publicó en Diario UNO en su edición del 8 de abril y esa madrugada se produjo el hecho en el estudio jurídico.
Por otra parte, durante el juicio la querella dejó en claro que de las más de 25 cajas que había en el estudio, solo incendiaron las vinculadas a la causa de derechos humanos. Además, de las cuatro computadoras que había solo robaron las más viejas y las que tenían archivado y digitalizado todo lo referido a la causa Román y Área Concordia.
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