El observador permanente del Vaticano ante Naciones Unidas, Celestino Migliore, denunció que los pobres y quienes carecen de poder sufren las consecuencias de la degradación ambiental producto de los países ricos.
Deploró que la comunidad internacional ignore la importancia de lograr un desarrollo económico basado en el respeto al medio ambiente.
Deploró que la comunidad internacional ignore la importancia de lograr un desarrollo económico basado en el respeto al medio ambiente.
El representante diplomático apuntó que el desarrollo sostenible, constituido por el desarrollo económico, social y la protección ambiental, impone un trabajo también para obtener más justicia dentro de la sociedad y entre las naciones.
El progreso humano debe continuar en el respeto de la naturaleza, con la más grande solidaridad internacional que se debe traducir en concretas políticas públicas capaces de arrestar y prevenir el degrado ambiental.
Las leyes, por sí mismas, no bastan para cambiar los comportamientos de los hombres por lo cual consideró necesario establecer una relación más equitativa entre los países ricos y los pobres, en el marco de una ética de los valores.
CÓDIGO PENAL
¿Qué dice el artículo 200?
Véase el Código Penal: “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que envenenare o adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.
Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.
EL PROBLEMA ES QUE :
los especialistas entienden que es muy difícil hallar en los cuerpos vestigios de los elementos químicos la prueba de los efectos de la acumulación de tóxicos sobre el organismo son complicadas y a veces imposibles.
LA JUSTICIA ENTRERRIANA Y SU COMUNICADO
Defensor General de la Provincia de Entre Ríos.
COMUNICADO:
Atento a las reiteradas consultas y pedidos de asesoramiento que llegan a la Defensa Pública por parte de los vecinos de Gualeguaychú en el sentido de las previsiones que pudieren tomar para poner a resguardos su derecho a la vida y a la salud ante la puesta en marcha de la planta pastera BOTNIA en la localidad de Fray Bentos, y ante la imposibilidad de realizar una atención personalizada en tan breve tiempo, el Defensor General de la Provincia recomienda a quienes tenga interés en tomar algún recaudo para preservar sus derechos, que gestione la obtención de un CERTIFICADO DE BUENA SALUD actual, extendido por un facultativo perteneciente a una institución oficial del Estado Nacional, Provincial o Municipal, donde conste el estado de salud de la persona que se identificará con sus nombres, apellidos y documento.
Se debe cuidar que el documento sea legible y con sellos claros.-
Ese certificado sirve para legalizar el estado de buena salud con anterioridad al funcionamiento de la planta pastera, por lo que cualquier alteración posterior que tenga relación con las toxinas que libera el proceso de la pastera, habilita para demandar no sólo los daños, sino también la paralización de la producción.
Con ese criterio, los defensores públicos promovimos una demanda cautelar en el Juzgado de Familia y Menores de Gualeguaychú el que dispuso se practicaran los estudios requeridos por parte del Gobierno Provincial y de la Comisión de Energía Atómica.
Con ese criterio, los defensores públicos promovimos una demanda cautelar en el Juzgado de Familia y Menores de Gualeguaychú el que dispuso se practicaran los estudios requeridos por parte del Gobierno Provincial y de la Comisión de Energía Atómica.
Esa medida fue ordenada por el Juez en el mes de Octubre del año 2005 y hasta la fecha no ha sido cumplida .
Paraná, 9 de noviembre de 2007.-
Dr. Arsenio Francisco Mendoza
Paraná, 9 de noviembre de 2007.-
Dr. Arsenio Francisco Mendoza
Defensor General de la Provincia de E. Ríos
RECLAMANDO DERECHOS POR MEDIO DE LA JUSTICIA ENTRERRIANA Y ARGENTINA.LA HAYA (CORTE INTERNACIONAL) Y LA CARU:COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY.
RÍO DE LOS PÁJAROS Y DE LOS HOMBRES LIBRES
GUALEGUAYCHÚ FRENTE A LA PLANTA BOTNIA, EN EL RÍO COMPARTIDO
LOS ASAMBLEÍSTAS ENTRERRIANOS ESTÁN EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE
JUSTICIA Y EL PRÓXIMO PASO,
RECLAMANDO DERECHOS POR MEDIO DE LA JUSTICIA ENTRERRIANA Y ARGENTINA.LA HAYA (CORTE INTERNACIONAL) Y LA CARU:COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY
RECLAMANDO DERECHOS POR MEDIO DE LA JUSTICIA ENTRERRIANA Y ARGENTINA.LA HAYA (CORTE INTERNACIONAL) Y LA CARU:COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY
LA CARU
LA CARU : deberá aprobar previamente obras que afecten al Río Uruguay
El Gobierno provincial dispuso un mecanismo de consulta previa a la Comisión administradora del río Uruguay (CARU) antes de concretar obras públicas o privadas sobre el río compartido con la República Oriental del Uruguay.La medida se toma en medio de la disputa con el Uruguay por la instalación de la pastera Botnia sobre la margen oriental del río, que la Argentina considera ilegal por haberse hecho de manera inconsulta y violentando el tratado del río Uruguay."Establécese que todo proyecto, tanto públicos como privados, de construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes o la realización de cualesquiera de otras obras de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen o la calidad de las aguas del Río Uruguay y su cuenca, luego de ser aprobado por los organismos competentes de la provincia de Entre Ríos deberá ser enviado a la consulta previa a la Comisión administradora del río Uruguay, de acuerdo a lo prescripto por los artículos 7° a 12° del Estatuto del Río Uruguay de 1975, quedando supeditada su ejecución al resultado de la consulta previa", reza el artículo primero de la citada norma.Este punto fue luego modificado por el decreto 6470, del 24 de octubre, donde se puntualiza que el proyecto deberá ser enviado a la CARU "luego de ser aprobado por los organismos intervinientes de la Provincia de Entre Ríos en lo que es de su competencia y previo a su elevación para el dictado del instrumento legal que apruebe el mismo", es decir, un paso antes de que la Provincia dé el visto bueno.
PUESTA EN PRÁCTICA
El artículo 2º del 4935 prescribe que todos los organismos provinciales donde se presenten proyectos privados o requieran ejecutar proyectos como los referidos deberán, dentro de los 25 días hábiles de ingresadas o comenzadas las iniciativas "comunicar y remitir el proyecto con todos sus antecedentes, documental y elementos, dictamen técnico y aprobación del mismo, a la Coordinación General de la Gobernación para su remisión a la Delegación Argentina ante la Comisión administradora del río Uruguay", que tiene sede en Cancillería.El organismo binancional "determinara sumariamente, en un plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra parte, atento a lo determinado por el artículo 7° del Estatuto".
La norma agrega además una invitación a los municipios de la cuenca del río Uruguay a "cumplir con el procedimiento de consulta citado, a los efectos de aunar criterios desde el ámbito oficial con respecto a las normas mencionadas".
Ambas normas fueron rubricadas por el gobernador Jorge Busti y el ministro de Gobierno, Adán Bahl y publicadas en la edición del 1º de noviembre del Boletín Oficial de la provincia.Desde hace cuatro años, la población de la localidad de Gualeguaychú se mantiene en pie de lucha contra la instalación de una planta procesadora de pasta de celulosa en Fray Bentos, la localidad uruguaya ubicada allende el río.
El principal cuestionamiento es que la República Oriental del Uruguay autorizó el funcionamiento de la planta violentando el tratado del río Uruguay firmado con Argentina, donde se estableció que el curso de agua es un recurso compartidoDefensor General de la Provincia de Entre Ríos.
JUSTICIA FEDERAL
Otra Causa se tramita en la Justicia Federal de Concepción Del Uruguay -El Juez Guillermo Quadrini investiga una denuncia penal por contaminación ambiental ,que presentó el Gobernador de Entre Ríos Jorge Pedro Busti acompañado con la justicia de 38mil habitantes de Gualeguaychú.
LA HAYA (Corte Internacional de Justicia)
SUMANDO TODAS LAS PRUEBAS
La Cancillería formalizó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una solicitud de "réplica" para refutar argumentos de su par uruguayo sobre el conflicto por la pastera de Botnia en Fray Bentos.
La presentación fue efectuada en el marco del juicio que inició el Gobierno contra su par uruguayo, ante la CIJ, por la presunta violación del Estatuto del Río Uruguay, al considerar que Montevideo autorizó unilateralmente la construcción de pasteras sobre el curso fluvial compartido.
Por medio de la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerruti, Argentina cumplió con el trámite para tener la posibilidad de "aprovechar todas las oportunidades procesales" que le permitan añadir pruebas en su acusación contra Uruguay.
Argentina evalúa incorporar a su réplica los recientes accidentes medioambientales de Botnia y la inauguración del puerto de Nueva Palmira como agravante.
La Justicia
con las claras pruebas que aparentemente están a favor de un fallo positivo para los entrerrianos .
Será un largo camino...
LA HAYA:
es la capital administrativa de los Países Bajos, situada en la provincia de Holanda Meridional, de la que también es la capital.Con una población de 469.568 (01-01-2004) (700.000 en su área metropolitana) y una extensión de alrededor de 100 km², es la tercera ciudad más grande de Holanda.
La Haya alberga el Senado y la Cámara de Representantes, que conforman el Parlamento Holandés. La Reina Beatriz vive y trabaja en La Haya.
Todas las embajadas extranjeras y ministerios se encuentran en la ciudad, así como la Corte Suprema y diversas organizaciones y grupos de presión.
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA
Es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y su sede se encuentra en La Haya.
Se encarga de resolver controversias jurídicas entre los Estados Partes y emite opiniones consultivas para las Naciones Unidas y sus organizaciones especializadas. Sede de la Corte Internacional de Justicia en el "Palacio de la Paz" en La Haya, Países BajosMiembros La Corte está integrada por quince magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad en votaciones independientes, de acuerdo a sus méritos y no su nacionalidad.
Se procura que estén representados en la Corte los principales sistemas jurídicos del mundo. No puede haber dos magistrados del mismo país.
Tienen mandato de nueve años con posibilidad de reelección y no se pueden dedicar a ninguna otra ocupación mientras dure su mandato.
Los magistrados designados en la actualidad son:
Jueces:
Bruno Simma (Alemania
Shi Jiuyong (China)
Thomas Buergenthal (Estados Unidos)
Leonid Skotnikov (Federación de Rusia)
Ronny Abraham (Francia)
Hisashi Owada (Japón)
Raymond Ranjeva (Madagascar)
Bernardo Sepúlveda Amor (México)
Abdul G. Koroma (Sierra Leona)
Gonzalo Parra-Aranguren (Venezuela)
Funciones y poderes
Pueden recurrir a la Corte todos los Estados Partes en su Estatuto, incluyendo a todos los Miembros de las Naciones Unidas.
Estados como Suiza, que no son Miembros de las Naciones Unidas, también pueden llegar a ser parte del Estatuto y por lo tanto recurrir a la Corte. Los particulares no pueden recurrir a la misma.
La Asamblea General y el Consejo de Seguridad pueden solicitar opiniones consultivas de la Corte sobre cualquier cuestión jurídica.
También los demás órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados pueden solicitar, con autorización de la Asamblea, opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas relativas al ámbito de sus actividades.La Corte tiene jurisdicción en todas las cuestiones que los Estados le sometan con relación a todos los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en tratados y convenciones vigentes.
Los Estados pueden comprometerse por anticipado a aceptar la jurisdicción de la Corte, por medio de tratados o convenios que suscriban o bien declaraciones especiales que excluyan cierto tipo de casos.
La Corte decide la resolución de controversias en base a:Las convenciones internacionales que establecen reglas reconocidas por los Estados litigantes;La costumbre internacional o jurisprudencia como prueba de práctica general aceptada por la ley;Los principios jurídicos generales reconocidos por las naciones;Las decisiones judiciales y las enseñanzas de los estudiosos más calificados de distintos países.
Desde su establecimiento en 1946, la Corte ha tratado 119 casos que los Estados le han sometido, y las organizaciones le han solicitado 23 opiniones consultivas. Los casos han tratado disputas internacionales relacionadas con derechos económicos, derechos de paso, la proscripción del uso de la fuerza, relaciones diplomáticas, toma de rehenes, derecho de asilo y nacionalidad.
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