DESIGNACIONES JUDICIALES TRANSITORIAS EN
GUALEGUAYCHÚ, C. DEL URUGUAY, Y CONCORDIA“Meteórico ascenso”
Fue ascendida a titular del Juzgado Civil Nº 3 uruguayense María Fernanda Erramuspe,
La esposa del presidente del Concejo Deliberante, Carlos María Scelzi (nieto) pasó en poco tiempo de secretaria a jueza.
-El máximo Tribunal entrerriano designó Juez de Instrucción suplente en el Juzgado Nº 2 de Gualeguaychú, al Dr. Arturo Dumón, y puso a cargo del Juzgado Civil Nº 3 de Uruguay, a la Dra. Ma. Fernanda Erramuspe de Scelsi. En Concordia, en tanto, nombró al Dr. Carlos Larrarte, como responsable temporario de una Vocalía del Tribunal de Juicios y Apelaciones-.
Ante la vacancia por jubilación, de dos cargos en la magistratura de Gualeguay y Concordia, y ascensos temporarios entre agentes de planta de distintas jurisdicciones, derivados de esa situación, el STJ de Entre Ríos efectuó designaciones transitorias hasta tanto se operen y dinamicen los concursos correspondientes, mediante los mecanismos legales vigentes.-
En GUALEGUAYCHÚ, el Alto Tribunal designó Juez de Instrucción suplente, al Dr. Arturo Exequiel Dumón, Defensor titular de esa localidad y hasta entonces Juez a cargo del Juzgado Civil Nº 3 de CONCEPCIÓN DEL URUGUAY. Y en su reemplazo en ese Juzgado de Concursos, Quiebras y Procesos de Ejecución, el Cuerpo nombró a la Dra. María Fernanda Erramuspe de Scelsi, Secretaria titular del organismo y Defensora interina de la misma ciudad.-
En CONCORDIA, donde desde septiembre pasado se aplica el nuevo Código Procesal Penal, la designación recayó en el Dr. Carlos Fermín Larrarte, como Vocal a cargo del Despacho del Tribunal de Juicio y Apelaciones.-
El Dr. Larrarte es Fiscal de Cámara titular, y al momento de su nueva afectación estaba a cargo de otra Vocalía de ese organismo.-
Su designación, al igual que el resto de las referidas, importan ascensos temporarios operados en la magistratura y el funcionariado judicial de la provincia.- Hay una impugnación presentada contra el procedimiento de asignación del puntaje final que se tramita en la Fiscalía de Estado por cuanto en medio hubo “cédulas mellizas” para la notificación de resultados.
Edición Nº 4777 Paraná - Entre Ríos - Argentina - Sábado, 13 de Marzo de 2010 
Poder Ejecutivo resolvió “suspender momentáneamente” el trámite de designación del juez que se hará cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 10 –con competencia en Procesos de Ejecución– de Paraná, medida que se mantendrá hasta tanto se diluciden las observaciones planteadas formalmente por dos de los tres concursantes que resultaron mejor calificados.Esa fue la recomendación que formuló el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, luego de analizar el expediente del Concurso Público de Antecedentes y Oposición Nº 82 destinado a cubrir un cargo de Juez Civil y Comercial Nº 10 –con competencia en Procesos de Ejecución– que a finales de 2009 había quedado envuelto en la polémica. Y que motivó una serie de impugnaciones cruzadas, todavía no aclaradas.
“Momentáneamente está suspendido el procedimiento de la designación hasta tanto se resuelva el concurso. Esa es una primera decisión que adoptamos. Después, lo que siga puede tener dos resoluciones: que no hagamos lugar a las impugnaciones, y quede todo como está; también podemos revocar todo lo hecho hasta aquí”, dijo Rodríguez Signes.–Las observaciones no apuntan sólo al puntaje que obtuvieron los concursantes, sino que aluden a la existencia de una irregularidad en las cédulas de notificación.–También puede disparar una instrucción sumaria.
TROPEZÓN.
El Consejo de la Magistratura, según fija la Constitución de Entre Ríos, es un “órgano asesor permanente del Poder Ejecutivo” que tiene “competencia exclusiva para proponerle, previa realización de concursos públicos y mediante ternas vinculantes, la designación en los cargos que correspondan de los magistrados y los funcionarios de los Ministerios Públicos del Poder Judicial”.
Desde la constitución formal del Consejo de la Magistratura, el 20 de mayo de 2008, se están tramitando 41 concursos, tendientes a cubrir 51 cargos de la Justicia, de los cuales 11 ya fueron concluidos.
Uno de esos concursos, el Nº 82, quedó envuelto en la polémica.Todo comenzó en diciembre 2009.
A sendas impugnaciones presentadas por los abogados Gabriela Rosana Sione, Adriana Beatriz Acevedo y Martín Luis Furman, aspirantes a cubrir el cargo de juez Civil y Comercial Nº 10, el Consejo de la Magistratura respondió enviando “cédulas mellizas”, con diferencias de horas, y distinto contenido. La primera, rechazando las tres impugnaciones de los concursantes que se habían mostrado disconformes con el puntaje aplicado en la última fase del concurso; pero un rato después, apareció una segunda cédula que modificaba aquel primer dictamen, y aceptaba la impugnación de Acevedo, que quedó mejor ubicada en la terna, y rechazó las de Sione y Furman.
El vicepresidente del Consejo de la Magistratura, René Sadi Bonfils, debió aceptar públicamente el error, y dijo que “lo que pasó es que una cédula enviada estaba bien, y otra estaba mal. Pero lo que importa es el contenido del acta de la reunión que se realizó en Concepción del Uruguay el 3 de diciembre, donde están anotados los puntajes reales”.
CÓMO SIGUE.
Ahora se supo que el Consejo de la Magistratura finalmente no atendió las observaciones de dos de los tres concursantes, y a través de la resolución Nº 377, publicada el 5 del actual en el Boletín Oficial, decidió elevar al Poder Ejecutivo la terna correspondiente al Concurso Nº 82 que así quedó conformada por los postulantes Adriana Beatriz Acevedo (que obtuvo 69,95 puntos); Gabriela Rosana Sione (69,23 puntos); y Martín Luis Furman (62,45 puntos), en ese orden.
La decisión, rubricada por la secretaria de Justicia, y presidenta natural de la Magistratura, Lucila Haidar, sin embargo se enfrenta ahora con la opinión de la Fiscalía de Estado, que recomendó suspender el trámite de la terna –el Ejecutivo debe elevar al Senado un nombre de entre los tres para conseguir la designación constitucional– a la espera de que se diluciden las observaciones planteadas.
“La Fiscalía todavía no ha resuelto este tema –dijo Rodríguez Signes a EL DIARIO–. Sione y Furman piden la suspensión del procedimiento de designación, y la nulidad de la resolución que a ellos los perjudica, y que dejó con mejor puntaje a Acevedo. Ese expediente todavía no tiene resolución.
Pero preventivamente, dijimos que se suspenda el procedimiento, mientras resolvemos la cuestión de fondo, esto es si es nula o no la última resolución del Consejo de la Magistratura. Los concursantes manifiestan que hay irregularidades, y ponen en tela de juicio el puntaje que se les otorgó”.Antes de las impugnaciones, el listado se había conformado así: Sione, Acevedo, Furman, pero luego se corrigió la calificación, y quedó de otro modo: Acevedo, Sione, Furman. Aunque el Fiscal de Estado dice que el modo cómo el Consejo de la Magistratura envía la terna no tiene por qué influir en la decisión que finalmente adopte el Ejecutivo. “El Gobernador no necesariamente elige al primero.
El Ejecutivo pide ternas para cada cargo, y de esa terna elige, puede ser el primero, el segundo o el tercero. Ya pasó con un cargo de fiscal”, observó.
El principio de la terna
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, dice la Constitución, debe convocar a concursos públicos, y de esos concursos públicos, seleccionar ternas de candidatos a cubrir cargos en la Justicia.
Las ternas, va de suyo, deben estar conformadas por tres o más personas, aunque últimamente lo que se observa es que no siempre llegan a tres, y pueden ser uno o dos los candidatos.“Yo defiendo el principio de la terna. Por eso entiendo que de los concursos deben salir ternas, y si no es así, hay que recomendar al Consejo de la Magistratura que haga de nuevo el concurso”, dice el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
Ese objetivo se consigue, sostiene, concursando un cargo por vez, y no llevando adelante concursos masivos. “Concursando varios cargos en un mismo concurso da lugar a muchas complicaciones. Habrá que concursar de a uno, no colectivamente. Y habrá que respetar las ternas, de otro modo no le dan opciones para que el Poder Ejecutivo pueda elegir”, añade.
Algo de eso ocurre con los cargos de jueces para el fuero Civil y Comercial con competencia en concursos y quiebras: en distintos concursos para cargos en diferentes lugares de la provincia, se presentaron los mismos aspirantes, y el resultado no pudo ser otro: dos aspirantes resultaron con mejor puntaje para varios juzgados.
Malestar en la Justicia por designaciones a 'dedo'
RECLAMO. PRESENTACIÓN ANTE EL SUPREMO TRIBUNAL
13:03 La Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER) manifestó su malestar por la designación “a dedo” en la Justicia entrerriana. En ese orden, pidió que se respete el proceso de designación de empleados y amenazó con hacer un planteo legal
La ley dice que para ingresar al Poder Judicial de Entre Ríos hay que someterse a un proceso de “oposición”, lo cual supone un concurso, de carácter público. La condición está contenida en el inciso e) del artículo 2º de la Ley Nº 5.143 Estatuto del Empleado Judicial, que dice que para ingresar, la persona debe “someterse a un curso de antecedentes y/o de oposición, conforme a la reglamentación que dicte” el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
El denominado Reglamento Nº 16, que ordena el sistema de ingreso, ascenso y traslado del personal judicial, agrega que la incorporación al Poder Judicial “se hará en el último grado del escalafón para el personal administrativo”. Y el artículo 2º de esa norma aclara: “Los concursos para el ingreso se realizarán anualmente, en el mes de marzo de cada año o en la fecha que determine el STJ”, y entre otros puntos, la prueba abordará un examen de “tipeo” y de “ortografía”.
Pero también establece que los ascensos y las coberturas de vacantes deberán seguir el mismo mecanismo.
El artículo 18º ordena, taxativamente: “Las vacantes de empleados que se produzcan en el Poder Judicial con excepción del último cargo del escalafón, serán cubiertas mediante concurso cerrado de oposición”.
Pero a juicio de AJER, ese ordenamiento legal no se estaría cumpliendo en muchos casos en la Justicia provincial, y así, las designaciones “a dedo” son más corrientes de lo esperado, y el sistema de concursos para el ascenso en el Poder Judicial queda frecuentemente de lado.
El gremio hizo una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que, según Mabel Pedrero, vocera del gremio, tuvo un resultado que no fue satisfactorio: se lo consideró “abstracto”, pero ese desenlace tuvo que ver con el hecho de que el reclamo apuntó “a un caso en particular”, pero, agregó, “acá estamos hablando de una práctica que es común”.
La práctica, indicó Fernando Cañete, secretario gremial de AJER, involucra principalmente a los magistrados: cuando se produce una vacante en cargos jerárquicos, “por ejemplo un jefe de despacho que es promovido a secretario de un Juzgado de Paz, el reemplazo se da a pedido del juez. Y recae generalmente en alguien que es ingresante temporario, lo que nosotros denominamos escribientes. Así, no se respeta la carrera, porque ese cargo debería cubrirlo alguien que está inmediatamente por debajo. Así, se pasa por encima de todos. O en todo caso, debería hacerse un concurso cerrado, y ahí un escribiente no reúne el requisito para concursar y poder ganar el cargo”.
“Acá se debe respetar el Estatuto. Si se produce una suplencia, tiene que haber corrimiento, o concursar los cargos, no designaciones como se dan ahora. Nosotros hemos hecho planteos al respecto, solicitando que se tengan en cuenta los cargos que están en el lugar inmediato inferior a la vacante producida. El corrimiento se tiene que dar con los de planta, no designando a un escribiente”, observó Cañete, según publicó EL DIARIO.
Sin transparencia
AJER todavía no ha concluido el debate interno en torno al tema, aunque de igual modo ya presentó su preocupación a la titular del STJ, Leonor Pañeda, quien prometió ocuparse. De todas formas, de persistir la situación, el sindicato de los judiciales analiza avanzar en otro sentido, y no descarta cuestionar a los magistrados que incumplen el Estatuto del Empleado Judicial, aunque por ahora evitan dar mayores precisiones.
Pedrero asegura que “el Estatuto del Empleado Judicial prevé de forma muy clara cómo debe producirse el ingreso y el ascenso dentro del Poder Judicial.
No se puede ascender de un cargo a otro mediante concursos cerrados si no se tiene una antigüedad mínima de un año en el cargo”. Pero se da igual, y por eso, añade, “hay mucho malestar, y todo el mundo está enojado”.“Acá –definió la dirigente– se da una situación particular, y es que no se respeta la ley. Nosotros tenemos claro cómo es el régimen de ingreso y ascenso. Lamentablemente, hay una situación particular en la Justicia donde la mitad más uno de los magistrados son suplentes, y eso se traslada al resto del escalafón. Pero acá se da la situación que los cargos los está cubriendo gente que es suplente, y se trata de una función que no se aprende de un día para el otro.
Formar un empleado lleva entre 12 y 20 años”.Luego, apuntó: “El problema es que la Justicia no está siendo transparente desde adentro”.Fuente: El Diario.
CANTARES - Joan Manuel Serrat
Caminante, son tus huellas el camino y nada más; Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
