Concepción del Uruguay:
La jueza Marta Cristina Bonifacino absolvió a los periodistas querellados por "calumnias e injurias" por el ex delegado argentino en la CARU y su hermana, funcionaria judicial en Concepción del Uruguay. En el mediodía de hoy la magistrada dio a conocer la sentencia en la que rechazó las pretensiones al entender que los periodistas del desaparecido semanario El Miércoles se ajustaron a la verdad en las notas que mostraban la situación patrimonial del entonces funcionario y su familia.
El fallo, extensamente fundado, asegura que los periodistas cumplieron con su deber y reivindica la libertad de expresión, además de destacar que el funcionario tuvo derecho de replica en las mismas paginas.
La jueza Bonifacino rechazó todas las imputaciones y condenó a la parte querellante a pagar las costas de la acción judicial, según un correo enviado a DIARIOJUNIO. 
Los periodistas Martin Barral y Valentín Bisogni junto al abogado defensor. Durante casi tres horas, la jueza correccional leyó –turnándose cada tanto con la secretaria– el extenso escrito en el que analizó cada uno de los aspectos que integraron las 700 fojas producidas en el marco de la causa.
Los periodistas Martin Barral y Valentín Bisogni junto al abogado defensor. Durante casi tres horas, la jueza correccional leyó –turnándose cada tanto con la secretaria– el extenso escrito en el que analizó cada uno de los aspectos que integraron las 700 fojas producidas en el marco de la causa.
La acción había sido iniciada contra tres periodistas del desaparecido semanario El Miércoles por parte de una funcionaria judicial al mencionarla como titular, junto con su hermano, de propiedades adquiridas por el entonces representante argentino en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Los imputados eran el director y ahora convencional socialista Américo Schvartzman; y los periodistas Martin Barral y Valentín Bisogni.
La acusadora: Nora Garin, hermana del ex funcionario Armando Darío Garin, quien la representa como abogado.
La nota es de los primeros días de 2005. Aunque las notas –la primera de ellas titulada "Inmobiliaria Garin"– tenían como objetivo saber si el funcionario había concretado tantas operaciones inmobiliarias como lo aseguraban los fuertes rumores de aquel momento, la que se dio por ofendida, más de un año después, fue la hermana del ex funcionario de la CARU, al iniciar acciones contra los periodistas del desaparecido semanario.
A comienzos de 2005, cuando se publicó la serie de notas, arreciaban rumores entre los asambleístas por la instalación de las pasteras en Fray Bentos.
El rol de la CARU en el caso de las papeleras estaba en medio del debate y se vertían sospechas de incentivos ofrecidos a los funcionarios, invitaciones a viajes internacionales, y pagos millonarios.
En ese contexto se publicó la investigación que dio a conocer las propiedades adquiridas por el funcionario, en su nombre o de sus familiares.
Garín no quiso hacer declaraciones.
Algunos meses después, el ex integrante de la CARU al igual que el otro representante, Alejandro Rojas, fueron "renunciados" a pedido del gobierno de Busti, tras los reclamos en ese sentido de la Asamblea de Gualeguaychú. Recién entonces habló el funcionario, y el semanario tituló: "Garín: sólo cumplía órdenes". En ese mismo diálogo con la prensa, arguyó que se le endilgaron propiedades que no le pertenecen, no quiso revelar a cuánto ascendía su remuneración en el organismo, y sustentó su crecimiento patrimonial en su actividad como abogado.
La Juez actuante entendió que mientras dure la Convención, Schvartzman no puede ser sometido a la acción judicial, pese a que el periodista y convencional había desistido de los fueros. Por esa razón, el ex director de El Miércoles aun deberá esperar una resolución en idéntico sentido, después del 11 de octubre.
El periodista destacó el fallo de la jueza, al que calificó de "ejemplar", ya que entre otras valoraciones, la jueza destacó que las notas publicadas "responden al deber de informar", consideró demostrada la veracidad de lo publicado por El Miércoles y entendió que de lo publicado "no surge calumnia ni falsa imputación de hecho alguno". Para la doctora Bonifacino, en casos que involucran el interés publico, "la libertad de expresión posee una jerarquía superior al derecho al honor" de los funcionarios.
Finalmente, la titular del Juzgado de Instrucción denegó todas las pretensiones de la querellante –el máximo de la pena prevista, es decir tres años de prisión, y 80.000 pesos por daño moral–, no haciendo lugar a la demanda civil, y determinó las costas a cargo de la parte perdidosa, tal como lo había solicitado el abogado de los periodistas, Claudio Miguel Bestard.
