La Senadora Nacional Nanci Parrilli presentó hoy un proyecto de ley que

modifica el Código Penal Argentino. E n el mismo incorpora los delitos contra la seguridad vial.

Además impide la aplicación de la probation para este tipo de delitos. Por último crea una nueva pena: la de prestación de servicios comunitarios, que se agrega a
las existentes hasta ahora de reclusión, prisión, multa e inhabilitación.


El proyecto fue acompañado con la firma del Titular del Bloque del Frente para la
Victoria, Senador Miguel Angel Pichetto y de numerosos Senadores de distintos bloques y contó con los aportes realizados por distintas Asociaciones de familiares de víctimas de hechos de tránsito y por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación.

Esta iniciativa tiene por objeto dar una respuesta jurídico-penal a las
conductas imprudentes graves que ponen en riesgo la seguridad del tránsito
en la vía pública o constituyen un peligro concreto para la vida y salud de
sus usuarios o le causen lesiones o muerte.

Así , el proyecto incluye como delitos: conducir un automóvil a 80 o 60
kilómetros por hora más que la máxima permitida en zonas rurales o urbana;
con nivel de alcohol en sangre que duplique el permitido; estando
inhabilitado para conducir; corriendo picadas o realizando tres
infracciones de tránsito graves simultaneas.

En estos caso el conductor sería penado con trabajos comunitarios de 1 a 3 meses, inhabilitación para manejar de 1 a 4 años y de cuatro a quince mil pesos de multa. Si el conductor realiza estas conductas imprudentes poniendo en riesgo la salud o la vida de otras personas, puede ser sancionado con prisión de 1 a tres
años o trabajos comunitarios de 3 a 6 meses e inhabilitación para manejar
de 6 a 18 meses y multa de ocho a treinta mil pesos. También, para estas mismas conductas sumamente imprudentes que causen lesiones graves o gravísimas o la muerte de otra persona, se elevan las penas.

Así en caso de homicidio culposo en las circunstancias mencionadas es
sancionado con pena de prisión de 3 años y medio a 6 años y si además el
conductor se da a la fuga, la pena de prisión podría llegar de 4 años y
medio a 8 años, además de inhabilitación de 10 a 15 años.

La pena de prestación de servicios comunitarios que introduce el proyecto
para la gama más leve de estos delitos, se deberá cumplir en instituciones
públicas dedicadas a la salud, educación y prevención de hechos de
tránsito.

En sus fundamentos la Senadora señala que “advertimos que desde el año 2007
a esta parte, el Poder Ejecutivo ha encarado políticas públicas en materia
de seguridad vial y ha intensificado la labor de fiscalización con aquellas
Provincias que se han comprometido en esta tarea”.

Recuerda que “el primer hito fue la promulgación de la ley 26.363 que
actualizó y mejoró la Ley de Tránsito 24.449 y creo la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, que ha encarado numerosas acciones efectivas. También
ayudaron las campañas publicitarias y de concientización permanentes para
mostrar las consecuencias del obrar imprudente en el tránsito. Reconoce el
trabajo constantes de las asociaciones civiles de familiares que colaboran
eficazmente en educación vial, la implementación de un plan destinado a
mejorar los sistemas para obtener la licencia de conducir, la creación de
un sistema nacional para emitir las nuevas licencias con características
uniformes. Como así también, el trabajo responsable que están realizando
sobre esta problemática Vialidad Nacional y algunas jurisdicciones
provinciales.

En el marco del trabajo que viene desarrollando la Senadora Parrilli con
relación a la seguridad vial, fue invitada hoy a compartir con el Ministro
del Interior de la Nación Florencio Randazzo el acto inaugural del II
Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial en el Hotel Hilton de la ciudad
de Buenos Aires.

Durante dos días representantes de distintos países, analizarán y
debatirán sobre cooperación regional, coordinación interjurisdiccional,
normalización y seguridades en emisión de licencias, scoring (licencia por
puntos), políticas de seguridad, regímenes de faltas y régimen penal
sobre infracciones de tránsito, entre otros temas.




Buenos Aires, 20 de Octubre de 2010

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