COMUNICADO DE PRENSA

Con apoyo incondicional, dos abogados del CAER-(Colegio de Abogados de Entre Ríos) asumen la representación legal de la Dra. Caccioppoli en la causa penal en la que en su condición de víctima está constituida como querellante particular.-

Los abogados Marciano Martínez, Miguel Cullen, Guillermo Mulet, Miguel Retamoso, Iván Vernengo, Guillermo Vartorelli y Rubén Pagliotto, miembros del Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados de Entre Ríos, visitaron el viernes 11 la Seccional Concepción del Uruguay de ese Colegio, con la finalidad de manifestar en nombre de la entidad gremial que nuclea a los abogados entrerrianos la solidaridad y ofrecerle asesoramiento jurídico de sus especialistas a la Dra. María Isabel Caccioppoli, quien fuera víctima de un robo e incendio en su estudio jurídico hace algún tiempo atrás.-

Cabe recordar que la mencionada profesional es la letrada que representa en dos causas a víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, que tramitan ante el fuero federal de esta ciudad y en la que se encuentran involucrados seriamente agentes de la Policía Federal, de la Provincia de Entre Ríos y pertenecientes a las Fuerzas Armadas, así como planificación sistemática de la operación de esas fuerzas, conforme surge de frondosa documentación sensible que se agregó oportunamente a las causas judiciales.-

Después de un intercambio de ideas entre los letrados visitantes y la colega damnificada, se decidió que dos abogados del Instituto, con el apoyo incondicional del CAER, asuman la representación legal de la Dra. Caccioppoli en la causa penal en la que en su condición de víctima está constituida como querellante particular.-

Finalmente los miembros del instituto expresaron su más enérgico repudio frente a actos propios de una Argentina de otros tiempos, caracterizada por el horror y la violencia estatal y ratificaron su identificación absoluta con el estado constitucional de derecho, la vigencia irrestricta de los derechos humanos y la operatividad plena de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio, pilares fundacionales de una república libre y democrática.-.