sábado, 17 de septiembre de 2011

Arrebatos en CdelU.

Fiscales destacan que los arrebatos son hechos con características y connotaciones sociales

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La comunidad de Concepción del Uruguay, como otras tantas ciudades de la provincia de Entre Ríos, tienen instaurada en sus calles la problemática que representa el accionar de los motochorros. Muchos de estos actúan en suma violencia hacia las víctimas indefensas, apuntando mayormente a niños, mujeres o ancianos, a los que inexplicablemente, en algunos casos, golpean sin motivo, solo por el hecho de amedrentarlos o “castigarlos” si no logran su cometido.

En las distintas audiencias realizadas estos días en sede judicial, bajo el nuevo Código de Procedimiento, se pudo corroborar que esta situación está preocupando y mucho a la población y sus autoridades. Diferentes detenciones practicadas en rápidos operativos policiales, llevaron a sacar de las calles a varios jóvenes que se dedican a esta actividad ilegal, pero muchos vecinos víctimas de estos robos, ven que sus presuntos atacantes, recuperan la libertad, generando reclamo y malestar.

Esto llega a los fiscales que a diario intentan retener a los sospechosos, solicitando la prisión preventiva, pero haciendo uso de la ley, la mayoría recupera su libertad, ya que el derecho lo asiste y puede estar libre durante el proceso y mientras no se demuestre por juicio su responsabilidad. Esto puede ser diferente, si el sospechosos es muy peligroso, o contara con importantes antecedentes, o pudiera darse a la fuga o entorpecer la investigación, ya sea intimidando a las víctimas o eliminando posible elementos de prueba. Todo esto debe ser evaluado por el juez de Garantías, antes de dar su fallo.

L pasado jueves se dio un caso en el cual el juez Mariano Martínez de Concepción del Uruguay, dispuso hacer lugar al pedido de prisión preventiva, pero reduciendo el plazo solicitado por el fiscal, dejando a los acusados 15 días en la comisaría.

Este viernes, la Fiscalía a cargo del doctor Pablo Bur y el fiscal auxiliar Mario José Schreiner, pidieron que el joven Maximiliano Rubén González de 18 años, quedara detenido 15 días, para realizar diferentes diligencias y evitar que este pudiera llegar a amenazar a la víctima de sus andanzas, ya que vive cerca de la casa de esta.

Cabe destacar que González fue detenido en horas de la tarde del 14 del corriente, luego de que junto a un cómplice, atacara a una niña de 13 años, a la que tiraron al piso para robarle la bicicleta y el celular, en esquina de bulevar Irigoyen y calle Perú, llegando a amenazarla de muerte para que entregara sus pertenencias. La niña entró en crisis cuando estaba en la Jefatura y se encontró de frente con el ladrón cuando era llevado por el personal policial, ya que lo reconoció inmediatamente, destacándose que aún se desconoce quién era su compañero de andanzas.

Ante esta situación, viendo la posibilidad de entorpecimiento del trabajo investigativo, la necesidad de rondas de reconocimiento, pericias telefónicas y sumado a la connotación social que estos hechos tienen ante una sociedad alterada y preocupada, los fiscales solicitaron 15 días de prisión preventiva, más allá de que se estaba ante un delito que –de salir condenado– el reo podría quedar en libertad debido a la pena que a estos casos de cabe, las que son generalmente de cumplimiento condicional.

Defensor

Por su parte, como en cada caso observado hasta el momento en estas audiencias, el defensor, doctor Darío De Batista, aplicando el mismo criterio que quienes ejercen estos cargos, solicitó la libertad de su cliente, basándose en el principio de inocencia y el derecho a la libertad, destacando que la prisión debe ser aplicada en casos extremos, como lo señala el Código de Procedimiento.

EL abogado, finalizó si breve alegato solicitando que de no ser atendido su pedido, se aplicara lo que se dispone en el artículo 349 y 350 del Código vigente, donde hay estipuladas medidas alternativas a la prisión preventiva.

El juez

EL juez de Garantías valoró la exposición realizada por la Fiscalía, destacando que el mismos fiscal señaló que se estaba ante un delito de robo simple, que lleva penas que pueden ser de cumplimiento condicional. También destacó que no se contaba con elementos que demostraran que el imputado podría entorpecer la investigación y que dado que las rondas de reconocimiento programadas eran para la individualización del presunto cómplice, su libertad no influiría en este aspecto. Por todo esto, el juez no hizo lugar a lo solicitado por los fiscales, pero dejó en libertad a González, bajo numerosas reglas de conducta, que de no ser cumplidas totalmente, podría derivar en la revisión de la medida impuesta.

La víctima

Como así lo permite el nuevo Código, las audiencias –salvo casos especiales– son públicas y en este caso se contó con la presencia del padre de la menor asaltada. Si bien no quiso brindar una conferencia a los medios de prensa, dijo que espera que el culpable sea condenado oportunamente, ya que no solo causó daño físico, sino que su hija –como otras tantas víctimas de estos hechos– quedó muy mal y atemorizada. El padre de la menor consideró imperioso que se cuente con mayor presencia y recorridas policiales. “No puede ser que las motos estén paradas en esquinas. Sé que están vigilando, pero por lo que pasa, es necesario que estén permanentemente recorriendo”, finalizó.

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