Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos

Titulares, por el Superior Tribunal de Justicia, Bernardo Salduna y Leonor Pañeda; por el Senador provincial, Raúl Taleb;
por la Cámara de Diputados, Eduardo Jourdán, y por el Colegio de Abogados, Jorge Moreira Ghiglione y Juan Carlos Brollo. En tanto, como suplentes estarán, por el Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón y Susana Medina de Rizzo; por la Cámara de Diputados, Jorge Bolzán, y por el Colegio de Abogados, Pedro Benedetti.

Establece la Constitución provincial

Artículo 169, “los funcionarios judiciales letrados, no sujetos a juicio político, podrán ser acusados, por faltas o delitos cometidos en el desempeño de sus funciones, ante el Jurado de Enjuiciamiento, que estará integrado por tres miembros del Superior Tribunal, dos legisladores y dos abogados inscriptos en la matrícula de la Provincia y domiciliados en la misma, que reúnan las cualidades requeridas para ser miembros del Superior Tribunal de Justicia; todos ellos, sorteados o designados con la antelación suficiente para que el tribunal esté constituido el primero de enero de cada año”.

Artículo 170 de la Carga Magna entrerriana, se agrega que “el fiscal de estado, el contador, el tesorero de la Provincia, los miembros del Tribunal de Cuentas, el director general de escuelas y vocales del Consejo General de Educación, quedan sometidos al régimen del Jurado de Enjuiciamiento”.

Artículo 4 de la Ley 9283 se estipula que “el Superior Tribunal, las Cámaras Legislativas y el Colegio de Abogados designarán, antes del 30 de octubre del año anterior a su renovación, los miembros titulares y suplentes por cada uno de aquellos para integrar el Jurado de Enjuiciamiento del período siguiente”.

El artículo 5 de esa misma ley sostiene que “las funciones de los Jurados durarán dos años, a partir del 1 de enero del primer año hasta el 31 de diciembre del segundo año”.

Fuente: Prensa del Senado

Reglamento del Jurado de Enjuiciamiento

169. – Los funcionarios judiciales letrados a que se refieren los artículos 155 y 162, no sujetos a juicio político, podrán ser acusados, por faltas o delitos cometidos en el desempeño de sus funciones, ante el Jurado de Enjuiciamiento, que estará integrado por tres miembros del Superior Tribunal, dos legisladores y dos abogados inscriptos en la matrícula de la Provincia y domiciliados en la misma, que reúnan las cualidades requeridas para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia; todos ellos, sorteados o designados con la antelación suficiente para que el tribunal esté constituido el primero de enero de cada año.
170. – El fiscal de Estado, el contador, el tesorero de la Provincia, los miembros del Tribunal de Cuentas, el director general de escuelas y vocales del Consejo General de Educación, quedan sometidos al régimen del Jurado de Enjuiciamiento.
171. – La ley respectiva determinará los delitos y faltas de los funcionarios que autoricen la acusación de los mismos ante el jurado y reglamentará el procedimiento a que debe ajustarse la sustanciación de las causas promovidas.
172. – Los miembros del jurado podrán ser recusados y excusarse por causa fundada, debiendo, en tal caso, integrarse en la forma que prescriba la ley respectiva.
173. – El funcionario acusado podrá ser suspendido en su cargo por el jurado durante el curso de la substanciación de la causa.
174. – El jurado pronunciará su veredicto dentro de un término perentorio de treinta días desde que la causa quedare en estado, absolviendo o destituyendo al empleado. En el primer caso, el funcionario quedará restablecido en la posesión de su cargo y, en el segundo, separado definitivamente del mismo, sujeto a la ley ordinaria, debiendo el jurado comunicar tal hecho a la autoridad correspondiente a efectos de que se proceda a la designación de su reemplazante, en la forma prevista en esta Constitución.
175. – Vencido el término legal sin que medie un pronunciamiento del jurado, tal omisión crea una presunción, que no admite prueba en contrario en favor de la inocencia del acusado, quien se reintegrará a la posesión de su cargo, sin que se le puedan oponer los efectos de una condena dictada con posterioridad.
176. – Cada uno de los miembros del jurado, remiso en el desempeño de su cargo, se hará pasible de una multa de dos mil pesos moneda nacional.
177. – La ley respectiva determinará la forma en que se proveerá a la designación de los miembros del jurado y suplentes.
178. – Los funcionarios judiciales, enjuiciables ante el jurado, acusados de delitos ajenos a sus funciones, serán juzgados en la misma forma que los demás habitantes de la Provincia, no pudiendo ser detenidos sin suspensión previa decretada por el jurado, salvo el caso de in fraganti delito.
179. – El pronunciamiento definitivo de la justicia ordinaria será comunicado al jurado a los efectos del restablecimiento o separación definitiva del funcionario acusado.

A.Ci.Ver.Jus. Gualeguaychú - Padres que luchan

Este viernes se exhumará el féretro en el cementerio de Gualeguaychú Muerte dudosa: la Cámara de Gualeguay autorizó la autopsia del cuerpo de Enzo Giménez

Enzo falleció en 2008 tras una persecusión policial. Los padres aseguran que fue asesinado.

A más de dos años de la muerte de Enzo Giménez, la Cámara Penal de Gualeguay, con conformidad del fiscal Arturo Dumón, concedió a los padres del joven la pericial de autopsia. El menor de Gualeguaychú falleció en circunstancias confusas la madrugada del 28 de junio de 2008, luego de que el Renault 4 S en que se trasladaba como acompañante -y que huía de una persecución policial- embistiera una camioneta en la intersección de Avenida Del Valle y Mitre, y sin embargo nunca fue sometido al examen anatómico como indica la ley. Según pudo conocer ANÁLISIS DIGITAL, la exhumación del féretro se realizará este viernes a las 10 en el cementerio gualeguaychuense, y de allí se trasladará a la morgue de Oro Verde, donde el 25 de noviembre se le concretará la pericia solicitada. La fecha para la exhumación del féretro de Enzo Giménez se fijó “en forma urgente” para este viernes a las 10, luego de que la Cámara Penal de Gualeguay, en conformidad con el fiscal Dumón del Juzgado de Instrucción Nº 2, concediera la pericial de autopsia a la parte querellante que representa a los padres del menor, Pedro y Fátima Giménez.

Según se informó, “luego de una minuciosa revisación”, el cuerpo será trasladado a la morgue de Oro Verde, donde el jueves 25 de este mes, a las 16, se le realizará el examen solicitado.

Cabe aclarar que Enzo, a pesar de haber tenido una muerte violenta y dudosa, no fue sometido a autopsia tras su fallecimiento, y cuando se le quiso practicar posteriormente, los padres consideraron que no estaban dadas las mínimas garantías que la pericia ameritaba por las circunstancias y las personas involucradas en el hecho.

La lucha de los Giménez

Ante la falta de respuestas certeras sobre la muerte de su hijo, Pedro y Fátima Giménez encararon su propia investigación paralela, recolectando pruebas y testimonios que le permitieran demostrar que “no se trató de un accidente automovilístico”. Haciendo extensiva esa lucha, incluso, la mujer preside en Gualeguaychú la Asociación Civil por la Verdad y la Justicia (Aciverjus).

“Hemos tenido que sortear un laberinto de mentiras hasta llegar a este punto en que la causa de Enzo está en la Cámara de Gualeguay. Toda esta historia que la policía local ha querido montar, con un robo de auto, con una persecución y un accidente luego, donde mi hijo sufre lesiones y fallece, es mentira. Nosotros sabemos y estamos convencidos de que la policía mató a nuestro hijo. Eso no fue un accidente, lo sostuvimos desde un primer momento”, relató Pedro Giménez en febrero de este año al programa Fuera de Juego (Canal 2 – Gualeguaychú).

Según el sumario policial, en la causa figura que el joven -que la noche del 27 de junio había cumplido 19 años- murió por politraumatismos a raíz de los golpes sufridos cuando el 4 S chocó contra una camioneta estacionada. “El informe tampoco está muy claro, hay cuatro diagnósticos médicos distintos que ni el juez (Daniel) Cadenas ni el fiscal de la causa supieron ver. Desde la hora de ingreso de Enzo a las 5.45, hasta las 9 de la mañana -que es el último certificado-, cuatro médicos vieron el cadáver de Enzo y los cuatro dijeron cosas distintas”, precisó entonces el dolido padre.

Y detalló: “En un año acumulé más de 500 fojas. Dentro de esas pruebas está la denuncia que realicé en Asuntos Internos, por la cual luego se hace una investigación y se dictamina, por parte de la misma policía, que en realidad había alrededor de nueve móviles en la persecución y no uno. Están con nombre y apellido cada uno de los policías que intervinieron, pero no se llamó a ninguno a declarar”.

Pedro Giménez también aportó a la causa las pruebas de las marcas de impacto de armas de fuego que quedaron en el 4 S
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FÁTIMA - A.CI.VER.JUS.
La excelentísima Cámara Penal de Gualeguay concedió a la Parte Querellante Particular, en este caso a los padres del menor Enzo Orosmán Giménez, la pericial de autopsia, con conformidad del Sr. Fiscal de Cámara. El Dr. Dumón del juzgado de instrucc¡ón Nº2 mediante oficio librado a pedido de la Cámara, en forma urgente, fijó el día viernes 19 de noviembre para proceder a la exhumación del féretro a las 10 hs en el cementerio local y previa minuciosa revisación del mismo, se procederá a su traslado a la ciudad de Oro Verde, en una morguera de esa ciudad para realizarle la posterior pericia solicitada y concedida por la Cámara, el día jueves 25 de noviembre a las 16 hs.
Cabe aclarar que a Enzo no se le practicó autopsia en ningún momento, después de su fallecimiento como lo indica la ley, a pesar de haber tenido una muerte violenta y dudosa y cuando se le quiso practicar la misma no se tenían las mínimas garantías que la pericia ameritaba por las circunstancias y las personas involucradas en el hecho.

Viviam Perrone - “La realidad es más cruda que la ficción”

VIVIAM PERRONE “La realidad es más cruda que la ficción” Mamá de Kevin Sedano, atropellado y abandonado en la calle, denuncia un cóctel de fiscales que no investigan, abogados mentirosos y jueces a los que las víctimas no les importan. Por Laura Di Marco El éxito de taquilla de Sin retorno, la coproducción argentino-española que protagonizan Leo Sbaragalia, Federico Luppi y Martín Slipak, reaviva, en algún sentido, la muerte real de Kevin Sedano, sucedida en 2002. En el film, igual que ocurrió con el hijo de Viviam Perrone, presidenta de la ONG Madres del Dolor –institución, creada en 2003, que agrupa a mujeres cuyos hijos murieron en distintos hechos de inseguridad en los últimos años–, un chico de 22 años (Martín Slipak) atropella a un ciclista y sus padres ocultan pruebas para encubrirlo. En su lugar, culpan a otra persona (Sbaraglia), que poco antes había pasado por el lugar y también había atropellado al ciclista, aunque sin dañarlo. En el caso real, Eduardo Sukiassian, asesino de Kevin –que lo dejó tirado en Avenida del Libertador, después de atropellarlo, igual que Slipak en la película– fue condenado a tres años de prisión efectiva. Pero ese mismo tribunal, que dos meses atrás lo había condenado, le otorgó el beneficio de la reclusión domiciliaria en noviembre de 2007. El caso de Kevin, que tomó temperatura mediática y contó con Viviam como protagonista clave en la investigación, tardó cinco años en juzgarse. “Y los que tenemos en la fundación tardan tres, mientras que en la película tardan sólo seis meses en dictar sentencia, lo cual sería ideal, pero no es real”, dice ella. Perrone explica que la impunidad es grande para las víctimas del tránsito en las calles de la Ciudad: “Hay además un cóctel de abogados mentirosos, fiscales que no investigan y jueces que te dicen: ‘Pero esta persona no tiene antecedentes penales, está estudiando en la universidad, ¿le vamos a arruinar la vida? Acuérdese de que, por más castigo que reciba quien lo atropelló, la vida de su hijo ya no la podemos recuperar’”. Desde la muerte de su hijo, Viviam debió acoplarse a marchas de otras mamás para reclamar justicia porque las víctimas de tránsito no lograban prender en la sociedad pos-2001, ya demasiado traumatizada por la proliferación de los secuestros extorsivos, los robos seguidos de asesinato y las violaciones. “Sentía que, en ese contexto, la muerte de mi hijo no le interesaba a nadie. Pero la sensibilidad parece estar cambiando ahora, teniendo en cuenta que el cine, al menos, empieza a reflejar el drama que, en la realidad, vivimos muchas familias.” En la Argentina mueren 20 personas en hechos viales, según cifras de Madres del Dolor. “Nosotros en la asociación no hablamos de accidentes de tránsito hasta no saber qué pasó. Preferimos hablar de hechos viales.” –¿Cuál es la diferencia? –Un accidente es evitable; un hecho de tránsito, no. Si yo estoy manejando, respeto la velocidad máxima y no estoy alcoholizada, y a una señora se le escapa un nene de la mano y yo lo atropello, es claramente un accidente desgraciado. Pero si yo estoy manejando borracha, pasé un semáforo en rojo o voy en exceso de velocidad, ya no podemos hablar de accidente. En la Argentina mueren muchas personas en hechos de tránsito, evitables en su mayoría. Pero a nadie le importa. –¿Qué dice de la forma en que se maneja en la Argentina? –Que esta sociedad tiene desidia y soberbia. Desidia porque no es posible que se haga tan poco, y que conmueva tan poco, la cantidad de gente que muere por día en la calle, y soberbia, por la impunidad sobre estos hechos. Tal como sucede en la película, nadie nunca cree que ese tipo de accidentes vayan a recibir castigo. Sin embargo, en la pantalla se muestra que un tribunal le da al imputado –falsamente, en este caso– tres años de prisión efectiva. Nada de esto sucede en la realidad. De hecho, de los 1.300 casos que acompañamos en la Asociación Civil Madres del Dolor, ni un solo caso caratulado como “homicidio culposo” recibió esa sentencia. Profesora de Lengua y Literatura Inglesa y mamá de otros dos hijos, de 13 y 24 años, Perrone se refiere también a Carancho, el film en el que Ricardo Darín encarna a un abogado corrupto que se dedica a sacar provecho de las víctimas de tránsito mediante los juicios a las aseguradoras. “Yo también tuve mi carancho, además del desgaste al que me vi sometida durante ocho años buscando pruebas y testigos yo sola”, afirma. –¿Cómo fue lo del carancho? –Cuando Kevin murió no tenía idea de nada. Contratamos a un abogado conocido de la familia, que resultó ser un carancho. Son estos abogados sedientos de dinero, que no les importa lo que hacen con tal de ganar. En mi caso, este hombre no sólo mintió para poder cobrar dinero por la muerte de Kevin sino que siguió con engaños para cajonear la causa penal y poder sacar beneficio de la civil. Como ves, la realidad es mucho más cruda finalmente que el film, que ya es fuerte en sí mismo. –De todos modos, usted logró convertir su caso privado en un hecho social y es posible que, a partir de la muerte de Kevin, se modifique la ley para endurecer la pena de los conductores que atropellan y escapan o que, peor aún, ocultan pruebas. ¿La política la ayudó o la usó? –La Casa Rosada usó mi dolor. Nosotros habíamos presentado un proyecto realizado por el abogado de Madres del Dolor, Claudio Mazaira, para elevar la pena para aquel que cometa un homicidio culposo y se fuga. Nos sacamos fotos un día, pero el proyecto quedó cajoneado. Me hicieron perder valiosísimos meses. Ahora hay un nuevo proyecto, que lo impulsa la senadora Nancy Parrilli (hermana de Oscar Parrilli, el secretario general de la Presidencia) y es probable que tome algo del nuestro. A nosotros nos interesa que la pena suba a siete años; hoy es de cinco, y antes era de tres. (NdR: la pena se elevó a cinco años después de la muerte de otra víctima emblemática de la inseguridad vial, Sebastián Cabello). –¿Llegó a tener algún contacto con los padres de Sukiassan? –Sí, en el juicio oral. Yo miraba a la madre y pensaba: “Pobre mujer, quizá no fue ella la que encubrió a Sukiassan; a lo mejor fue el marido y ella no sabía nada”. Pero después sucedió que los amigos de Kevin no recordaron bien los detalles del hecho, cuando declararon, porque resultó muy shockeante para ellos. Entonces, poco antes de prestar declaración en el juicio, los chicos me comentaron que tenían lagunas sobre lo sucedido, cosa común en los traumas. Y yo les aconsejé que dijeran la verdad, que fueran honestos sobre lo que no recordaran. Así lo hicieron. Pero resulta que, después, me entero que la familia Sukiassan festejó esa desmemoria en un restaurante. Entonces, pienso: yo no le quiero arruinar la vida a nadie; ahora la causa está en la Corte Suprema, que decidirá si Sukiassan vuelve o no a la cárcel a cumplir la parte de la condena que le resta. Y creo que así debe ser para que él y su familia que se den cuenta que hicieron mal. Sukiassan hizo mal en salir corriendo y ocultar las pruebas. Y también me di cuenta de que hay gente que es basura y no hay que tenerle lástima. Mi tarea es seguir buscando justicia. –Sabrá que Macri está impulsando el uso de bicicletas en la Ciudad, ¿podrá bajar la cantidad de muertos en la vía pública con esa iniciativa? –La verdad que no, creo que al contrario; el hecho de quitarle espacio a los autos para la circulación de bicicletas podría aumentar la cantidad de hechos viales. Eso se evaluará con la puesta en práctica de la medida. Pero, a priori, no me inspira mucha confianza. Fuente: nu- Noticias urbanas La realidad es más cruda que la ficción”

Se presento el proyecto de ley para agravar penas por accidentes

Desdes que Guillermo Álvarez realizó una huelga de hambre en julio, en pedido de justicia por la muerte de su hermano Marcos, fallecido en un hecho de tránsito en 2009, en Neuquén, impulsó la reacción de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y las autoridades legislativas, por el anteproyecto para modificar la actual legislación de tránsito y aumentar las penas en esos delitos, que constituyen la principal causa de muerte violenta en la Argentina. El anteproyecto 3654 fue promovido por la senadora nacional Nanci Parrilli y apoyado por otros 26 senadores, Presidencia de la Nación, y asociaciones de familiares y amigos de víctimas de hechos de tránsito. La propuesta podría tratarse la semana que viene en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde ya consiguió nueve de las 15 adhesiones, y la senadora aseguró que espera obtener media sanción antes de fin de año. El proyecto pretende “incorporar en el Código Penal los delitos contra la seguridad vial, eliminar La Probation (la suspensión del juicio a prueba) y aumentar las penas por lesiones y homicidios culposos para esos casos”. La presentación se hizo en el Congreso, en el marco del primer Encuentro Nacional de Asociaciones de Familiares de Víctimas de Tránsito, entre las cuatro paredes del salón legislativo empapeladas con los pedidos de justicia de las 16 asociaciones presentes. La propuesta considera delito conducir un auto superando por 60 kilómetros la máxima permitida en zona urbana o hacerlo con más del doble del alcohol en sangre autorizado. Lo mismo corre para quienes realicen tres infracciones de tránsito graves a la vez. Para esos casos, el anteproyecto contempla penas que incluyan entre uno y tres meses de trabajos comunitarios, hasta cuatro años de inhabilitación para manejar y de 4000 a 15 mil pesos de multa, lo que aumentaría si el conductor pone en riesgo la salud de otras personas, y sería aún mayor si les causa lesiones graves o la muerte. Si hubo homicidio culposo, se sancionaría con tres años y medio a seis de prisión y, si el conductor se da a la fuga, la prisión podría ir entre cuatro años y medio, y ocho, además de una inhabilitación de diez a quince. Baeza precisó que la pena de prestación de servicios comunitarios se deberá cumplir en instituciones públicas de salud, educación y prevención de hechos de tránsito, y también implicaría una restricción de la libertad “ya que son entre 20 y 30 horas semanales de trabajo, porque el objetivo es que el condenado repare el daño y además tome conciencia del delito que cometió”. La Probation (la suspensión del juicio a prueba) "si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio". No habla de un tiempo límite de pena (3 años). Esta situación llevó a las tesis amplias y restringidas y normal, o lo que es lo mismo, la interpretación más benigna y la dura. Entre las virtudes de este instituto, se señalan que "tiende a descomprimir la inmensa cantidad de causas penales que existen en Argentina" y que "es una manera de no estigmatizar a una persona sin antecedentes cuando el delito en que se incurrió no es grave". Aperju - Para que no haya sentencia con " La Probation " lo valido es demostrar claramente a la justicia que es un delito - "Homicidio Culposo agravado" Con pruebas validas y claras , que el hecho de transito no fue ACCIDENTE. Si es provocado por imprudencia y sin la prevención tantas veces reclamada, que dice "SI ES EVITABLE NO ES UN ACCIDENTE" .. Todo aquel que lea esto debe recordar, si estamos presente por una triste circunstancia en uno de estos hechos, "debemos preservar cuidadosamente las pruebas ... los familiares de las víctimas de transito vial que que dieron sus testimonios de los casos no pudieron evitar la suspensión del juicio a prueba (LA PROBATION) por que los fiscales llevaron las pruebas LIMPIAS, de esto depende la JUSTICIA . A la hora de la sentencia los jueces solo tienen en cuenta lo legal, y sin pruebas que lo demuestren, nada se puede hacer Esta es la diferencia y/o el abismo que separa "Lo frio de la justicia, el dolor de quién perdió un ser querido y el castigo que corresponde a quien cometió el HOMICIDIO... . Es un video :Telam

Cómo empezó - Ley para agravar penas por accidentes viales

Guillermo Alvarez

NEUQUÉN (AN)(Julio 2010).- A varios meses de haber caminado de Plottier hasta el Congreso de la Nación para reclamar el agravamiento de las penas por accidentes de tránsito, Guillermo Álvarez, emprendió el lunes un ayuno que podría culminar en una huelga de hambre para que los legisladores traten la propuesta que fijaría penas de reclusión a quienes protagonicen accidentes de tránsito como el que le costó la vida a su hermano, Marcos Álvarez.

"Hemos decidido arriesgar la vida de uno de los miembros de nuestra familia para ver si los legisladores dejan de tener en un cajón todos los proyectos que hay para agravar las penas por accidentes de tránsito", aseguró Ramón Álvarez, padre de Guillermo y Marcos.

El vecino de Plottier perdió hace un año y un mes a su hijo en un trágico accidente protagonizado por una camioneta que impactó de lleno contra el joven que caminaba por la banquina. Desde entonces toda su familia resolvió luchar por el endurecimiento de las penas para evitar que, como en su caso, el conductor del vehículo permanezca en libertad.

"Desde las tres de la tarde del lunes Guillermo permanece encadenado en las puertas del Congreso y con un ayuno que en dos días pasará a ser una huelga de hambre", detalló Álvarez y agregó que "los legisladores deben darse cuenta que mientras miran para otro lado y tienen estos proyectos en un cajón, son muchas las personas que están perdiendo la vida y muchas más las familias que quedan destrozadas".

Álvarez destacó que "hay muchas cosas para cambiar, desde la conciencia de los conductores y la señalización de las rutas, hasta la actitud de los funcionarios que tienen en sus manos la capacidad de hacer algo".

Presentan un proyecto de ley para agravar penas por accidentes viales

Promovido por la senadora Parrilli, y apoyado por Presidencia y las organizaciones de familiares, plantea incorporar en el Código Penal los delitos contra la seguridad vial y aumentar sanciones. La semana próxima se trataría en Comisión.

Guillermo Álvarez realizó una huelga de hambre en julio, en pedido de justicia por la muerte de su hermano Marcos, fallecido en un hecho de tránsito en 2009, en Neuquén.

La medida impulsó la reacción de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y las autoridades legislativas, quienes ayer presentaron un anteproyecto para modificar la actual legislación de tránsito y aumentar las penas en esos delitos, que constituyen la principal causa de muerte violenta en la Argentina.

El anteproyecto 3654 fue promovido por la senadora nacional Nanci Parrilli y apoyado por otros 26 senadores, Presidencia de la Nación, y asociaciones de familiares y amigos de víctimas de hechos de tránsito. La propuesta podría tratarse la semana que viene en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde ya consiguió nueve de las 15 a-dhesiones, y la senadora aseguró que espera obtener media sanción antes de fin de año.

Eduardo Baeza, asesor de Parrilli, detalló que el proyecto pretende “incorporar en el Código Penal los delitos contra la seguridad vial, eliminar la probation y aumentar las penas por lesiones y homicidios culposos para esos casos”. La presentación se hizo en el Congreso, en el marco del primer Encuentro Nacional de Asociaciones de Familiares de Víctimas de Tránsito, entre las cuatro paredes del salón legislativo empapeladas con los pedidos de justicia de las 16 asociaciones presentes.

“Me hubiera gustado que vinieran más senadores”, reclamó Viviam Perrone, presidenta de Madres del Dolor, mientras miraba a Parrilli y a Blanca Osuna, las dos legisladoras que asistieron. “Hay mucha esperanza, ojalá no defraudemos”, dijo Parrilli a Tiempo Argentino, al final de la presentación.

La propuesta considera delito conducir un auto superando por 60 kilómetros la máxima permitida en zona urbana o hacerlo con más del doble del alcohol en sangre autorizado. Lo mismo corre para quienes realicen tres infracciones de tránsito graves a la vez. Para esos casos, el anteproyecto contempla penas que incluyan entre uno y tres meses de trabajos comunitarios, hasta cuatro años de inhabilitación para manejar y de 4000 a 15 mil pesos de multa, lo que aumentaría si el conductor pone en riesgo la salud de otras personas, y sería aún mayor si les causa lesiones graves o la muerte. Si hubo homicidio culposo, se sancionaría con tres años y medio a seis de prisión y, si el conductor se da a la fuga, la prisión podría ir entre cuatro años y medio, y ocho, además de una inhabilitación de diez a quince.

Baeza precisó que la pena de prestación de servicios comunitarios se deberá cumplir en instituciones públicas de salud, educación y prevención de hechos de tránsito, y también implicaría una restricción de la libertad “ya que son entre 20 y 30 horas semanales de trabajo, porque el objetivo es que el condenado repare el daño y además tome conciencia del delito que cometió”.

Fuente: Florencia Halfon-Laksman/ Tiempo Argentino

Link: Presentan un proyecto de ley para agravar penas por accidentes viales

Participamos del encuentro nacional de familiares de víctimas de tránsito

La Senadora Nacional Nanci Parrilli
La senadora Parrilli señaló que todo proyecto era perfectible y que se iniciaba una etapa de intercambio de opiniones. “El mismo debe ser serio y en el menor tiempo posible, ya que será responsabilidad de los legisladores que no se dilate la sanción de una ley que están reclamando muchas familias argentinas”.

En el marco de las campañas encaradas desde distintas ONGs e históricos y justos reclamos de familiares de víctimas, la senadora nacional Nanci Parrilli (FPV-Neuquén) presentó una iniciativa de ley que busca modificar el Código Penal Argentino para incorporar los delitos contra la seguridad vial. Además, impide aplicar la “probation” para este tipo de actos y crea la pena de prestación de servicios comunitarios.
Teresa Mellano, madre de Paolo y quien pintara la primer estrella amarilla por su hijo fallecido con integrantes de A.CI.VER.JUS en el Primer Encuentro de Familiares de Víctimas de Tránsito.


Aperju: Asociación Perjudicados por la Justicia (Concepción del Uruguay Entre Ríos), Aciverjus; Asociación por verdad y Justicia (Gualeguaychú - Entre Ríos)


Durante el Encuentro, el Gerente de Planificación de Vialidad Nacional, Fernando Abrate, anunció que esa entidad había decidido oficializar la Campaña de Estrellas Amarillas, con la instalación de carteles con dicha estrella en las rutas nacionales, como medida preventiva y de concientización.

Uno de los peores índices de muertes que registra la Argentina se debe a accidentes de tránsito y en su mayoría son siniestros ocasionados por la imprudencia de los conductores. Ante esta problemática que ha afectado a muchos argentinos, se realizó ayer en el Salón Manuel Belgrano del Senado de la Nación (Solís 125), un Encuentro Nacional de Asociaciones de Familiares de Víctimas de Tránsito Los organizadores de este Encuentro, la senadora Nanci Parrilli, la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio del Interior y 15 asociaciones de familiares, coincidieron en impulsar en ese ámbito legislativo el debate del Proyecto de Ley N° 3654/10 sobre delitos contra la seguridad vial, presentado hace pocos días por la legisladora Parrilli, y que contó con el respaldo de 26 Senadores Nacionales. El proyecto, que incluye los aportes recibidos de distintas asociaciones y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tiene por objeto dar una respuesta jurídico-penal a las conductas imprudentes graves que ponen en riesgo la seguridad del tránsito en la vía pública o constituyen, un peligro concreto para la vida y la salud de sus usuarios o que causen lesiones o muerte. Al encuentro, además de familiares de víctimas de tránsito de distintas provincias, asistieron legisladores nacionales y provinciales, juristas, jueces y funcionarios nacionales, municipales y provinciales. . Participamos de este Encuentro Nacional, junto a la Red Nacional Familiares de Víctimas de Tránsito, Asociación Padres de Belén y Franco (Nqn), Asociación Madres del Dolor, Asociación Civil Compromiso Vial por Ursula y Carla(Rosario), Marcos por la Vida (Nqn), Red Familiares y vecinos de víctimas de tránsito (Pcia. Bs. As.), Aperju: Asociación Perjudicados por la Justicia (Concepción del Uruguay Entre Ríos), Aciverjus; Asociación por verdad y Justicia (Gualeguaychú - Entre Ríos) Conduciendo a Conciencia (Bs. As.- tragedia de S. Fé), Organización Malditas Picadas (San Martín-Bs.As.), Asociación de Familiares de Víctimas de la Impunidad (San Juan), Familiares de Víctimas de Tránsito de Catamarca (FAVIATCA), Asociación Civil Carla Arduini, Renacer (S. del Estero) y la Asociación Tránsito por la Vida (Bs. As.).

Ver video Fuente: Telam.com.ar

Link: http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=203139&id=385778&dis=1&sec=1.

Entre Ríos y el scoring

En la Legislatura provincial existe un proyecto del Ejecutivo que propone adherir a la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 26.363, que cuenta ya con media sanción de Senadores. No obstante, en la Cámara Baja su titular, Jorge Busti, presentó también una iniciativa, la cual intenta volver operativos aspectos de la Ley Provincial Nº 8.963 (impulsada en su momento por los diputados provinciales Eduardo Jourdán y Hugo Berthet), y también fija criterios para impartir la educación vial y la necesidad de contar con un registro de accidentes y el scoring. Al igual que el texto de la legisladora nacional, también éste fue elaborado en consulta permanente con familiares de víctimas de accidentes.

La norma entrerriana y los decretos correspondientes versaban y reglaban cinco institutos: a) señalización vial uniforme a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, b) el control de velocidad, adelantamiento indebido y alcoholemia a cargo de la Policía, c) verificación técnica vehicular a cargo de la Dirección General de Transporte y Tránsito, d) Registro Provincial de antecedentes de tránsito y e) educación vial en el Consejo General de Educación (CGE).

El texto promovido por Busti prevé, mediante la modificación del artículo 4° de la Ley 8.963 y de sus decretos reglamentarios, que se ponga en funcionamiento un Registro Provincial de Accidentes de Tránsito. La finalidad es unificar y centralizar “los datos de las licencias para conducir, de los presuntos infractores prófugos o rebeldes, las sanciones, las condenas judiciales firmes y demás información útil”.

La ley está diseñada como una norma que establece presupuestos mínimos aplicables a municipios y comunas, facultándose al Poder Ejecutivo a que lleve adelante las gestiones necesarias ante ellos para acordar los distintos aspectos reglamentarios que permitan una correcta implementación.

La iniciativa legislativa, dirige además un mandato preciso al CGE para que “imparta en forma obligatoria, a partir del ciclo lectivo próximo, la enseñanza de la materia ‘Educación Vial’ en todos los establecimientos dependientes e incorporados a los planes oficiales”.

Como innovación se incorpora el sistema conocido como “scoring” que aquí se denominará “Sistema de Evaluación Permanente de Conductores en la Provincia de Entre Ríos (S.E.P.C.E.R.), el cual consiste en asignar puntaje a cada conductor poseedor de licencia de conducir otorgada por los municipios, el que irá restando en función de las infracciones comprobadas a las normas contenidas en la presente ley”.

Tales infracciones son detalladas de modo expreso en el proyecto de ley, y producir el descuento de puntos de acuerdo a su gravedad.

Finalmente, se intenta que la obtención de la licencia de conducir no sea un mero trámite administrativo, sino la instancia en que el aspirante demuestra su idoneidad física y psicológica para conducir

Fuente: www.Gualeguay21.com.ar,

Link: http://www.gualeguay21.com.ar/index.php/home/5439-noticia

LA PROBATION - ENTRE RÍOS

Desde 2008 supera holgadamente a Paraná.
En 2009 concedió por segunda vez ese beneficio a 17 personas

PROBATION : Concordia es la jurisdicción provincial que más ha utilizado esta figura. 27% del total La figura jurídica de “suspensión del juicio a prueba”, más conocida como “Probation”, ha entrado en debate. Las víctimas de diversos delitos han denunciado y apelado fallos que otorgaban este beneficio por considerar injusto que los autores de sus desvelos, reciban, en vez de penas, la simple obligación de realizar tareas comunitarias. En rigor, una forma de poner punto final a un juicio. Uno de los últimos casos en Concordia fue el del médico Martín Tolomei, acusado de mala praxis.
DIARIOJUNIO quiso conocer detalles acerca de cómo la justicia provincial maneja este instituto. Así y producto de los datos oficiales aportados por el Superior Tribunal de Justicia, conocimos que desde 2004 a junio de 2010, los tribunales provinciales otorgaron 7997 “Probation” y que, la jurisdicción que más uso ha hecho de ellas es Concordia que, pese a que su población es más pequeña, superó a Paraná. (27 % contra 26 %) del total provincial.
Mientras en la capital provincial se otorgaron 1654, en Concordia se concedieron 1694. Además, otros datos salientes indican que, en 2009 y lo que va del 2010, se concedieron “probation” por 2da vez en 203 oportunidades y que el año pasado, 17 concordienses recibieron por segunda vez ese beneficio. Por su parte, los casos concedidos aumentaron más de un 100 % entre el 2006 y el 2009”. Consultado por la especie, el Secretario de la Sala Penal del STJ, Rubén Alberto Chaia, concluyó que en alrededor de 40 mil causas penales anuales que existen en la provincia, el número de probation no es significativo. Vale destacar que este instituto y el concepto ampliado de los últimos años es producto de una visión progresista entre las diferentes teorías del derecho penal.

C.G. LO QUE SALIO PUBLICADO Y NO ES CIERTO Fue publicado incorrectamente que “desde 2009 a junio de 2010, la Justicia otorgó en toda la provincia, unas 7 mil suspensiones de procesos a prueba”. Fue a partir de este dato incorrecto que fuera publicado en un medio provincial, que DIARIOJUNIO quiso conocer más detalles sobre el tema.
QUE ES LA PROBATION
El art. 76 bis del Código Penal, dice en su 1er párrafo: "El imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba". En cambio, ese mismo artículo señala en otro párrafo que "si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio". O sea, no habla de un tiempo límite de pena (3 años). Esta situación llevó a las tesis amplias y restringidas y normal, o lo que es lo mismo, la interpretación más benigna y la dura. Entre las virtudes de este instituto, se señalan que "tiende a descomprimir la inmensa cantidad de causas penales que existen en Argentina" y que "es una manera de no estigmatizar a una persona sin antecedentes cuando el delito en que se incurrió no es grave". Aunque intentamos, no pudimos por falta de estadísticas, conocer la relación que existe entre la cantidad de probation concedidas en Entre Ríos y la media nacional o en relación a otras provincias, sin embargo, y en coincidencia con la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de Entre Ríos aparecen como permisivos.
CASOS Y JURISDICCIONES
En la provincia existen 7 jurisdicciones, ellas son : 1) Paraná-Diamante ; 2) Concordia-Federal-Chajarí-Federación ; 3) Gualeguay ; 4) Gualeguaychú-Islas del Ibicuy ; 5) La Paz-Feliciano ; 6) Nagoya-Victoria-Rosario del Tala y 7) C. del Uruguay-Villaguay y Colón. En tanto, en todo el territorio provincial desde el 2004 hasta junio de 2010 los casos fueron en aumento : Desde los 750 casos computados en 2004 ; 903 en 2005 ; y 844 ; 1.208 ; 1472 ; 1793 y 1027 casos en lo que va del 2010. Jurisdicción Paraná : En 2006 se concedieron 275 probation ; en 2007, 359 ; en 2008, 325 ; en 2009, 459 y a junio de 2010 fueron concedidas 236. Jurisdicción Concordia-Federal-Federación-Chajarí : En los mismos años y orden, fueron concedidas 223 ; 3236 ; 365 ; 488 y lo que va de 2010, 292 casos. En el caso de la jurisdicción Concordia, integrada por otras 3 ciudades, vale señalar que del 27 % de casos, Concordia ciudad, aportó el 22 % ; Federación el 3 % y Chajarí el 2% Jurisdicción Gualeguay 75 ; 88 ; 102 ; 90 y 51 Jurisdicción Gualeguaychú 58 ; 98 ; 120 ; 131 y 44 Jurisdicción La Paz-Feliciano 81 ; 91 ; 95 ; 86 y 45 Jurisdicción Nogoyá-Victoria-R de T 73 ; 82 ; 206 ; 256 y 213 Jurisdicción C. del Uruguay-Colón-Villaguay 59 ; 166 ; 269 ; 283 y 146
CASOS DE PROBATION OTORGADOS POR SEGUNDA VEZ Entre el año 2009 y junio 2010 se otorgaron 203 veces, discriminadas fueron 127 en el 2009 y 76 en lo que va de este año. En Paraná 27 y 15 ; en Concordia 17 ; en Gualeguay 11 y 14 ; Gualeguaychú 7 y 3 ; La Paz 8 y 6 ; Nogoyá 51 y 36 y Uruguay 8 y 2 casos.
LOS CASOS QUE IMPACTAN
Mientras hacíamos este informe pudimos conocer por ejemplo el caso de un médico de Gualeguaychú que, finalizada la operación intentó algo así como limpiar la herida del paciente, tomó un frasco que había a su lado y lejos de lo que él suponía, ese líquido era un tipo de ácido, por lo que su paciente murió. Tenía apenas 35 años y era madre de varios hijos. Cualquier lector puede imaginarse sin que lo contemos cómo debe haber reaccionado la familia de la víctima, sin embargo, surgen varias preguntas… ¿Qué hacía ese frasco de ácido en ese lugar? ; tiene el médico la obligación de saberlo? ; los médicos no tienen acaso ayudantes, enfermeras/os, instrumentistas, etc que tienen tanta responsabilidad como él, en fin, atenuantes claros y no forzados que ofrecen una mirada más amplia. Aquí en Concordia existen y son conocidos una catarata de casos en los que un paciente llegaba con un dolor y lo operaban por una dolencia que nunca tuvo. El último de ellos y que fuera disparador de esta nota fue el del médico que operó el dedo equivocado de un joven y le inutilizó dos (el operado y el que debía operar). El debate no es menor, por un lado, la injusticia de condenar a personas sin antecedentes que por errores humanos pueden terminar estigmatizados si se los condena con lo que, se convierte en una cura peor que la enfermedad. Por otro, en tanto, la pregunta es hasta donde no se promociona la irresponsabilidad o la desidia de quienes, aunque sea involuntariamente, terminan afectando gravemente a terceros confiados.
FUENTE: Diario Junio Región de Salto Grande, Concordia -Entre Ríos

Respuesta de Elida Corazza a nota realizada al Dr.Carlos Alberto Chiara Díaz

Luego de once años del alevoso homicidio de Flavia Schiavo, que conmocionó a Concepción del Uruguay, la Justicia no cumple lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en el año 2006 : dictar una nueva sentencia.
En el 'Caso Flavia', sigue rondando el fantasma de la impunidad.

Dr. Carlos Alberto Chiara Díaz

Dado la respuesta brindada a ANALISIS DIGITAL por el Dr. Chiara Díaz al tema de las críticas a la Justicia cuando se habla de inseguridad en cuanto a que "....Desde el punto de vista político no se tiene un tratamiento adecuado. Este tema se aborda siempre por cuestiones coyunturales. En realidad, se le echa la culpa a la Justicia cuando en realidad los jueces no son los que investigan, sino que lo hace la Policía. Lo que sucede es que el poder político tiene mecanismos para endilgar el problema al Poder Judicial bajo artilugios tales como que nosotros dejamos salir a los presos. La política no se quiere hacer cargo y a veces pretende salvarle la ropa a la Policía. Todo esto configura una confusión....
Elida: " Me permito referirle que en la causa por la cual se investiga el homicidio de mi hija Flavia Schiavo, ocurrido el día 10 de junio de 1999, en la cual hay siete personas imputadas, la demora y el resultado hasta la fecha obtenido –impunidad de los autores- es únicamente responsabilidad exclusiva de los órganos judiciales a cargo de la misma, incluyendo su actuación como Vocal de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
La absurda decisión de absolver a los imputados de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, que no fue anulada por el órgano judicial que Ud. integra, sin embargo fue dejada sin efecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en julio de 2006.
Obsérvese - sin considerar todas las cuestiones anteriores - que a más de cuatro años de dicha sentencia hasta la fecha no se ha podido constituír válidamente el nuevo Tribunal de Juicio a efectos de que se realice el nuevo juicio oral.
Si la impunidad de este horrendo crimen de mi hija no es responsabilidad del Poder Judicial ¿ de quién es ?
Elida Corazza
D.N.I. 10148250

ENCUENTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE VICTIMAS DE TRANSITO EN EL CONGRESO NACIONAL

Uno de los peores índices de muertes que registra la Argentina se debe a accidentes de tránsito y en su mayoría son ocasionados por la imprudencia de los conductores. Las distintas iniciativas de prevención y de concientización sobre los riesgos que provoca violar las reglas de tránsito no son suficientes. Ante hechos dolorosos que afectan a víctimas inocentes, resta transitar el camino de la justicia.

Ante esta problemática que ha afectado a muchos argentinos, se realizará el primer Encuentro Nacional de Asociaciones de Familiares de Víctimas de Tránsito el próximo martes 9 de noviembre en instalaciones del Congreso de la Nación.

Los organizadores de este Encuentro, la Senadora Nanci Parrilli, la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio del Interior y 15 asociaciones de familiares, coincidieron en impulsar en ese ámbito legislativo el debate del Proyecto de Ley N° 3654/10 sobre delitos contra la seguridad vial, presentado hace pocos días por la legisladora

Dicha iniciativa, que fue respaldada por más de 25 Senadores y en su elaboración se incorporaron aportes de distintas asociaciones y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tiene por objeto dar una respuesta jurídico-penal a las conductas imprudentes graves que ponen en riesgo la seguridad del tránsito en la vía pública o constituyen, un peligro concreto para la vida y salud de sus usuarios o le causen lesiones o muerte.

Al Encuentro además de familiares de víctimas de tránsito han comprometido su asistencia, legisladores nacionales y provinciales, juristas, jueces e integrantes de distintos juzgados correccionales y funcionarios nacionales, municipales y provinciales.

Desde el año 2007, el Poder Ejecutivo viene encarando políticas públicas en materia de seguridad vial. El primer hito fue la promulgación de la ley 26.363 que
actualizó y mejoró la Ley de Tránsito 24.449 y creó la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, que ha encaró numerosas acciones efectivas. También
se implementaron campañas publicitarias y de concientización.

Todas estas acciones se llevaron a cabo con el trabajo constantes de las asociaciones civiles de familiares que vienen colaborando con las campañas de concientización a través de las “Estrellas Amarillas”, en un plan de educación vial y en la implementación de un sistema más seguro para obtener la licencia de conducir, entre otras acciones. Dentro de este conjunto de medidas, vale incluir el acompañamiento de Vialidad Nacional y de algunas jurisdicciones provinciales en la búsqueda de soluciones.

Las Asociaciones que participan de este Encuentro Nacional son:

Red Nacional Familiares de Víctimas de Tránsito,

Asociación Padres de Belén y Franco (Nqn),

Asociación Madres del Dolor,

Asociación Civil Compromiso Vial por Ursula y Carla(Rosario),

Marcos por la Vida (Nqn),

Red Familiares y vecinos de víctimas de tránsito (Pcia. Bs. As.),

Aperju-Asociación Perjudicados por la Justicia (Concepción del Uruguay - Entre Ríos),

Conduciendo a Conciencia (Bs. As.-

tragedia de S. Fé),

Organización Malditas Picadas (San Martín-Bs.As.),

Asociación Civil Verdad y Justicia -ACIVERJUS.(Gualeguaychú - Entre Ríos) ,

Asociación de Familiares de Víctimas de la Impunidad (San Juan),

Familiares de Víctimas de Tránsito de Catamarca (FAVIATCA),

Asociación Civil Carla Arduini, Renacer (S. del Estero)

y la Asociación Tránsito por la Vida (Bs. As.).

LA PRESIDENTA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ENTRE RÍOS PARTICIPARÁ DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN JUDICIAL EN BRASILIA

LA PRESIDENTA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ENTRE RÍOS PARTICIPARÁ DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN JUDICIAL A LLEVARSE A CABO EN BRASILIA.-

El evento es organizado por el Centro de Estudios Jurídicos para las Américas (CEJA) y el Consejo Nacional de Justicia de Brasil.-

Tendrá lugar del 28 al 30 de noviembre próximo. Y el objetivo de este Seminario Internacional, es conocer y discutir acerca de los procesos de Planificación Estratégica y Tecnológica de los Poderes Judiciales a nivel intra e interinstitucional.-

En la ocasión, se compartirán experiencias y buenas prácticas en materia procesal y tecnológica. Particularmente, en lo que respecta a análisis y adopción de medidas para enfrentar demandas masivas, y garantizar el acceso a la justicia y el ejercicio ciudadano de los derechos fundamentales.-

La concurrencia de la Dra. Leonor Pañeda a este Seminario fue dispuesta por el máximo Tribunal entrerriano en respuesta a la invitación que le formulara la Junta Federal de Cortes.-

Pañeda viajará a Brasilia en noviembre, en compañía de la representante del Instituto de Capacitación “Juan Bautista Alberdi” del Tribunal, Paula García Rau, de acreditada formación en el idioma portugués y el estudio del Derecho.-

Gacetilla Informativa Nº 56/10 – 1º de noviembre de 2010.-

AUDIO:

Prof. Inés Ghiggi

Jefa de Despacho SIC-STJER

sic.jusentrerios@gmail.com

prensatribunales@jusentrerios.gov.ar

A.Per.Ju.

El día Jueves viene a la Exc. Sala laboral el Superior Tribunal de Justicia efectuara inspección en materia laboral y a su vez la Sala inspeccionara a los dos Juzgado laborales, esta modalidad es tomada desde el año pasado.

Desde Aperju esperamos que idéntico criterio tomen las Salas Civiles y Penales del STJ ER.-