NEUQUÉN (AN)(Julio 2010).- A varios meses de haber caminado de Plottier hasta el Congreso de la Nación para reclamar el agravamiento de las penas por accidentes de tránsito, Guillermo Álvarez, emprendió el lunes un ayuno que podría culminar en una huelga de hambre para que los legisladores traten la propuesta que fijaría penas de reclusión a quienes protagonicen accidentes de tránsito como el que le costó la vida a su hermano, Marcos Álvarez.
"Hemos decidido arriesgar la vida de uno de los miembros de nuestra familia para ver si los legisladores dejan de tener en un cajón todos los proyectos que hay para agravar las penas por accidentes de tránsito", aseguró Ramón Álvarez, padre de Guillermo y Marcos.
El vecino de Plottier perdió hace un año y un mes a su hijo en un trágico accidente protagonizado por una camioneta que impactó de lleno contra el joven que caminaba por la banquina. Desde entonces toda su familia resolvió luchar por el endurecimiento de las penas para evitar que, como en su caso, el conductor del vehículo permanezca en libertad.
"Desde las tres de la tarde del lunes Guillermo permanece encadenado en las puertas del Congreso y con un ayuno que en dos días pasará a ser una huelga de hambre", detalló Álvarez y agregó que "los legisladores deben darse cuenta que mientras miran para otro lado y tienen estos proyectos en un cajón, son muchas las personas que están perdiendo la vida y muchas más las familias que quedan destrozadas".
Álvarez destacó que "hay muchas cosas para cambiar, desde la conciencia de los conductores y la señalización de las rutas, hasta la actitud de los funcionarios que tienen en sus manos la capacidad de hacer algo".
Presentan un proyecto de ley para agravar penas por accidentes viales
Promovido por la senadora Parrilli, y apoyado por Presidencia y las organizaciones de familiares, plantea incorporar en el Código Penal los delitos contra la seguridad vial y aumentar sanciones. La semana próxima se trataría en Comisión.
Guillermo Álvarez realizó una huelga de hambre en julio, en pedido de justicia por la muerte de su hermano Marcos, fallecido en un hecho de tránsito en 2009, en Neuquén.
La medida impulsó la reacción de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y las autoridades legislativas, quienes ayer presentaron un anteproyecto para modificar la actual legislación de tránsito y aumentar las penas en esos delitos, que constituyen la principal causa de muerte violenta en la Argentina.
El anteproyecto 3654 fue promovido por la senadora nacional Nanci Parrilli y apoyado por otros 26 senadores, Presidencia de la Nación, y asociaciones de familiares y amigos de víctimas de hechos de tránsito. La propuesta podría tratarse la semana que viene en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde ya consiguió nueve de las 15 a-dhesiones, y la senadora aseguró que espera obtener media sanción antes de fin de año.
Eduardo Baeza, asesor de Parrilli, detalló que el proyecto pretende “incorporar en el Código Penal los delitos contra la seguridad vial, eliminar la probation y aumentar las penas por lesiones y homicidios culposos para esos casos”. La presentación se hizo en el Congreso, en el marco del primer Encuentro Nacional de Asociaciones de Familiares de Víctimas de Tránsito, entre las cuatro paredes del salón legislativo empapeladas con los pedidos de justicia de las 16 asociaciones presentes.
“Me hubiera gustado que vinieran más senadores”, reclamó Viviam Perrone, presidenta de Madres del Dolor, mientras miraba a Parrilli y a Blanca Osuna, las dos legisladoras que asistieron. “Hay mucha esperanza, ojalá no defraudemos”, dijo Parrilli a Tiempo Argentino, al final de la presentación.
La propuesta considera delito conducir un auto superando por 60 kilómetros la máxima permitida en zona urbana o hacerlo con más del doble del alcohol en sangre autorizado. Lo mismo corre para quienes realicen tres infracciones de tránsito graves a la vez. Para esos casos, el anteproyecto contempla penas que incluyan entre uno y tres meses de trabajos comunitarios, hasta cuatro años de inhabilitación para manejar y de 4000 a 15 mil pesos de multa, lo que aumentaría si el conductor pone en riesgo la salud de otras personas, y sería aún mayor si les causa lesiones graves o la muerte. Si hubo homicidio culposo, se sancionaría con tres años y medio a seis de prisión y, si el conductor se da a la fuga, la prisión podría ir entre cuatro años y medio, y ocho, además de una inhabilitación de diez a quince.
Baeza precisó que la pena de prestación de servicios comunitarios se deberá cumplir en instituciones públicas de salud, educación y prevención de hechos de tránsito, y también implicaría una restricción de la libertad “ya que son entre 20 y 30 horas semanales de trabajo, porque el objetivo es que el condenado repare el daño y además tome conciencia del delito que cometió”.
Fuente: Florencia Halfon-Laksman/ Tiempo Argentino
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2 comentarios:
hola, Chicos, Wow! ¡Gracias! Siempre quise escribir en mi sitio algo así. ¿Puedo tomar parte de tu post en mi blog?
No entendemos tu consulta . Pero si se trata de participar y/o aportar ¡bien venido seas!!
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