El juez de Instrucción Nº 1 de Gualeguaychú, Eduardo García Jurado, criticó la estructura “militarizada” y “obsoleta” de la Policía. Si bien reconoció los esfuerzos de jefes y subalternos, estimó que es imperiosa una democratización de la fuerza para que ésta sea más efectiva.
“La Policía debe democratizarse”, enfatizó y se explayó: “Esto no lo digo yo, lo dicen autores de Política Criminal del mundo occidental y democrático, lo dice el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni. Pero esto es un problema de la dirigencia política. El sistema jerárquico policial, no debe ser tan militarizado como lo recibimos de la dictadura. La ley que se debe la democracia, es la ley sobre la reforma policial, para que la Policía sea más eficiente y para que sea apoyada por el pueblo”.
Tras ello, García Jurado destacó que “hay jefes y subalternos que hacen grandes esfuerzos para que esa estructura, obsoleta, responda; y bastante bien se lleva la cosa en Entre Ríos”. “Lo que pasa es que esta provincia, desde el punto de vista criminológico, es tranqui”, acotó.
“Hoy por hoy no tenemos la mejor estructura policial, pero los hombres que tenemos hacen mucho esfuerzo”, insistió el juez y en ese sentido señaló que la reforma procesal penal que ya se está implementando en Concordia, que en Concepción del Uruguay comenzará en dos meses, y que en Gualeguaychú posiblemente empiece a fin de año o principios del próximo, conducirá a una mayor profesionalización. “Ahora fiscales y policías van a estar juntos. Si bien los fiscales no son parte del Poder Judicial -son abogados, pertenecen al Ministerio público- conservan esa impronta y se capacitan constantemente. Así que va a haber una autoexigencia mutua de perfeccionarse”, evaluó.
Pero García Jurado fue por más y abogó por otra reforma. “El departamento de Asuntos Internos es el que controla la disciplina interna de la Policía. Pero como hay un orden jerárquico, ante un hecho de corrupción o de simple desviación del cumplimiento de la ley, el que está abajo no puede denunciar al que está en el medio. Por eso es que Asuntos Internos tiene que convertirse en un asunto externo”, planteó y citó el ejemplo de la Policía de Buenos Aires, donde, “al menos desde el punto de vista protocolar, lo han hecho”. “Ya no es un miembro de la Policía, es un abogado el que maneja Asuntos Internos de la Policía”, comentó y acotó: “Los que estamos en esto queremos más, queremos que la comunidad esté controlando directamente a la Policía, a través de sus representantes políticos y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)”.
Es que el juez atribuye a esa estructura “militarizada”, “verticalista” y “obsoleta” de la Policía las razones por las que muchas veces los ciudadanos no quieren convertirse en testigos. “He dictado hace pocos días con dolor el procesamiento a un ciudadano de Gualeguaychú que fue víctima de un robo a mano armada. Fue a juicio y en la Cámara de Gualeguay no pudieron hacer justicia porque el vecino no se presentó como testigo. Me mandan entonces a investigar el delito que es incumplimiento de los deberes procesales. Y tuve que con dolor procesar a quien fue víctima de un robo”, ilustró el magistrado y aleccionó: “Por esto les digo a los ciudadanos que esto es un círculo. No podemos criticar si no nos comprometemos. Si somos víctimas, tenemos que asumir el compromiso de denunciar”.
Caso Maglione
El juez tuvo duras palabras para el sistema de seguridad, debido a su desempeño en el caso por amenazas a la familia de Oscar Maglione, en Islas del Ibicuy; caso que hoy se encuentra en el fuero federal, luego de que García Jurado declarara su incompetencia.
“Tuve tres denuncias de Maglione por amenazas, circunscriptas al hecho de que dio aviso a la Policía de las drogas encontradas en su campo; por lo tanto tiene una relación directa con la comercialización de estupefacientes, que es un tema estrictamente federal. En ese sentido me declaré incompetente en forma fundada”, explicó el magistrado para luego asentar: “Aquí no solamente fallaron los controles aéreos, fallaron también los controles territoriales, y donde están todas las fuerzas de seguridad, porque en zona de Islas del Ibicuy tenemos Gendarmería, Prefectura y Policía de Entre Ríos”.
“Me da vergüenza ser juez de la jurisdicción donde ocurrió este caso”, fustigó García Jurado. Y en ese marco advirtió: “Esto es un alerta rojo, porque el poder de Instrucción del narcotráfico no tiene niveles ni fronteras burocráticas, por lo tanto, el control y el contra control interno que debemos hacer entre todos no debe dejar ningún bache”.
El sistema judicial
Pronto a jubilarse, García Jurado se refirió también a las fallas del sistema judicial. En ese sentido definió como “acertada” la reforma que eliminará el cargo de juez de Instrucción. “El cargo aparece en 1806, en la Reforma Napoleónica, y tiene una doble misión imposible de cumplir: perseguir y a su vez garantizar los derechos del imputado. Es imposible cumplir con los dos intereses. Por eso está muy bien la reforma que comienza a implementarse, porque el juez de Instrucción formalmente tiene demasiado poder”, fundamentó.
Consultado sobre si hubo injerencias políticas que impidieron su ascenso en la carrera judicial, el gualeguaychuense prefirió no hablar de su persona. “Sí puedo decir en forma genérica que el sistema de selección política que existía antes tenía su contra; y el sistema de selección que existe ahora, que sigue siendo político, pero con una previa importante que es el Consejo de la Magistratura, es mejor pero también tiene su falla y es que sigue actuando muy corporativamente. Las corporaciones son tres: la corporación de magistrados, la corporación de abogados y la corporación de académicos. El rol del pueblo en el Consejo de la Magistratura es anecdótico. Entonces, no es la panacea, pero es un paso adelante”, concluyó. (ANALISIS DIGITAL)
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