FUENTE Analisis Digital : VER AQUÍ☻Se llevarán a cabo en la provincia a partir de agosto
Tras la promulgación de la ley de Protección de testigos, víctimas y querellantes en procesos penales por delitos de lesa humanidad, la secretaria de Justicia, Lucila Haidar, recibió a integrantes de la Mesa de Juicio y Castigo. Durante el encuentro se buscó avanzar y coordinar acciones en vistas al inicio del primer juicio oral y público que tendrá lugar en la provincia durante el mes de agosto. En ese sentido, una integrante de la Mesa; María Luz Piérola, manifestó: “La idea es tratar de ver cuáles son las necesidades y requerimientos ante este nuevo juicio, en lo que respecta a la seguridad. Son fundamentales ante un proceso de semejante envergadura". Además, se espera que presten declaración unos 70 testigos, a lo largo de aproximadamente cuatro meses de audiencias que se realizarán tres días a la semana en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Además de los funcionarios de las áreas relacionadas y de la comisión creada en la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos, participaron del encuentro representantes de distintos organismos de Derechos Humanos de toda la provincia, entre ellos la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos Entrerrianos y en Entre Ríos (Afader), La Solapa, Colectivo de Derechos Humanos de Ayer y de Hoy e Hijos.
En referencia a la causa en la que se juzgará a seis represores, entre los que sobresale Albano Harguindeguy, ministro del Interior de la dictadura, que por primera vez enfrenta un proceso de esta naturaleza. Se espera que presten declaración unos 70 testigos, a lo largo de aproximadamente cuatro meses de audiencias que se realizarán tres días a la semana en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.
"Tenemos que brindar toda la protección necesaria y hacer que el juicio se lleve a cabo como corresponde. Hay voluntad política por parte del Poder Ejecutivo para trabajar en forma conjunta, así que estamos muy contentos con esta reunión porque sé que vamos a trabajar bien”, afirmó Piérola.
Igualmente, la dirigente señaló: “Para nosotros todo esto es algo nuevo porque es el primer juicio oral y público en la provincia. Y estamos trabajando todos juntos. Es una buena experiencia que las organizaciones de base, como son las de derechos humanos, podamos trabajar en forma conjunta”.
Y agregó: “Los objetivos son el juicio y castigo de los genocidas y terminar una etapa tan nefasta para los argentinos. Todo este aparato represivo existió y por fin será juzgado. Hace 35 años que luchamos para esto”.
Por último, Eduardo Ayala, de La Solapa, expresó: “Lo que nos transmitió el ministro Bahl es que el Estado -por pedido de la Justicia, que es la que da el marco de injerencia- va a cumplimentar con toda la responsabilidad su rol en materia de seguridad, lógicamente a través de su fuerza propia, que es la Policía de Entre Ríos. Y cuando haga falta se va a coordinar con las fuerzas de la Nación”.
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