Entre Ríos: el Superior Tribunal de Justicia acaba de nombrar como juez suplente en el juzgado laboral Nº 3 a Julián Genaro Quevedo

Informe Especial FUENTE: DIARIO JUNIO Concordia

31/03/2011 -

Se trata de , juez suplente del Laboral Nº 3, ex abogado de ANSES Quevedo, Juez de Concordia, pidió por la libertad del torturador Cavallo y apoyó a militares detenidos por delitos de lesa humanidad Mientras el gobierno nacional intenta profundizar sus políticas de Memoria, Verdad y Justicia, en la provincia de Entre Ríos el Superior Tribunal de Justicia acaba de nombrar como juez suplente en el juzgado laboral Nº 3 a Julián Genaro Quevedo, ex funcionario de la ANSES. El ahora juez Quevedo, es el mismo que en el año 2003 firmó un pedido dirigido al presidente de México, exigiendo “la liberación inmediata de Ricardo Cavallo y su seguro regreso a la Argentina”. Para quien no lo sabe, Cavallo, alias “Serpico” y “Marcelo” está actualmente preso por su implicación en las torturas y asesinatos cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura (1976-1983).Antes había sido procesado por el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón. En el pedido, que entre otros firma Julián Genaro Quevedo. DNI.13.575.658, Concordia, se decía, “el Capitán Cavallo, no tiene en Méjico ni parientes ni amigos; está sólo y ávido de consuelo y compañía. Por el amor de Dios, seamos nosotros aunque más no sea un humilde sustituto de lo que ha perdido: su mujer, sus hijos, su libertad y el trato digno que merece como Oficial de la Armada”. La participación de este ahora juez concordiense no termina aquí, un año antes, en el 2002, había firmado otra solicitada esta vez, titulada "Apoyo a las FFAA, de Seguridad y Policiales”. En ella se señalaba textualmente “los ciudadanos argentinos que abajo suscriben quieren expresar su total apoyo al grupo de militares y demás servidores públicos que han sido detenidos días atrás por orden del juez Claudio Bonadío”, se trata dicen, de militares que “combatieron y derrotaron a la subversión asesina de los años 70”. Sin empacho, califican esa detención como “persecución política y judicial para los oficiales de nuestras dignas Fuerzas Armadas”. Según la información a la que accedió DIARIOJUNIO, Quevedo fue nombrado interinamente por el ex presidente del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Carubia, actual Vocal del máximo órgano de justicia, contraviniendo el apartado 6 de la nueva Constitución de Entre Ríos que, desde ya, debería anticipar alguna movida del gobernador. Vale destacar también que, llamativamente el nombre de Quevedo como juez no aparece en la página web del Poder Judicial, por lo que DIARIOJUNIO debió obtener la información por otra vía.

El reo Ricardo Cavallo a quien Quevedo defendió

Claudio Gastaldi OTRA DE LAS APLOGIAS DEL DELITO FIRMADAS POR QUEVEDO
Bajo el título "Apoyo a las FFAA, de Seguridad y Policiales" del 7 de agosto de 2002, se lee..
“Los ciudadanos argentinos que abajo suscriben quieren expresar su total apoyo al grupo de militares y demás servidores públicos que han sido detenido días atrás por orden del juez Claudio Bonadío .
En momentos donde la Patria requiere actitudes de grandeza y de hombría de bien para salir adelante, ciertos personajes que no comprenden la gravedad en que nos encontramos inmersos siguen obsesionados con remover un pasado doloroso para todos los argentinos, usando la justicia y las leyes para "vengarse" de quienes arriesgaron su vida por nosotros, combatiendo y derrotando a la subversión asesina de los años 70.
Le pedimos a nuestros dirigentes , a nuestros políticos y a quienes administran justicia que cese la persecución política y judicial para los oficiales de nuestras dignas Fuerzas Armadas , así como acompañamos moral y espiritualmente a todos sus integrantes que están detenidos tanto en el exterior como en la Argentina .
Que en algún día muy próximo podamos dejar atrás el pasado y unirnos para proyectar el renacimiento de una Argentina digna y soberana como nos merecemos”.

Entre una larga lista de firmantes que publican quienes se titulan "Prensa Independiente" aparecen … (una de ellas incluso seria también funcionaria judicial en Concordia que, por esos días vivía en Capital Federal), entre otros, estos nombres.

Raúl José Ortiz. LE. 6.621.680. Capital
Stella Maris Ortiz. DNI. 10.965.279. Capital.
Marta Silvia Ortiz. DNI. 13.736.109
Raúl Eduardo Ortiz. DNI.10.966.503. Mercedes. Corrientes.
María Constanza Ortiz. DNI. 25.187.891. Capital.
María Esperanza Ortiz. DNI. 26.473.492. Mercedes. Corrientes.
María Agustina Ortiz. DNI. 28.325.178
Emma María Percara. LC .6.498.243. Mar del Plata. Bs As
Liliana María Percara. DNI .13.879.032. Entre Ríos.
Alfredo Pigni. DNI. 10.108.689. Paraná. Entre Ríos.
Julián Genaro Quevedo. DNI.13.575.658. Concordia. Entre Ríos.

JUSTICIA Y CONSTITUCION PROVINCIAL
Carubia, integrante del máximo órgano judicial (el STJ), sería el responsable de ese nombramiento.
Lo sea o no, le caben las responsabilidades del caso tanto a él como al resto de los 9 integrantes de ese alto tribunal, incluido al también concordiense Bernardo Salduna Vocal de la Sala Laboral.
El apartado 6 del artículo 6 de la Constitución Provincial reza textual : “quienes hayan participado en delitos de lesa humanidad o incurran en su apología (sería este el caso), serán inhabilitados a perpetuidad para ejercer la función pública”.
El categórico texto constitucional no le deja demasiadas opciones al gobernador Sergio Urribarri
Antes de arribar a la justicia Quevedo había llegado a la función pública en los años 90 de la mano del menemismo que, según se asegura, había decidido que el ANSES (lugar en el que trabajaba Quevedo como abogado) fuera manejado por funcionarios que tienen afinidad con la última dictadura militar.
DIARIOJUNIO arribó a esta información luego de haber sido alertado por lectores y revisar páginas de Internet en las que, sin mayor dificultad aparece dicho nombre en páginas web vinculadas al grupo memoriacompleta@hotmail.com en el que militan personajes de la talla de Cecilia Pando, esposa de un militar.

BREVE HISTORIA DEL REO, CAVALLO
Hasta su arresto, Cavallo se ocultaba bajo el nombre de Ricardo y el cargo de un discreto director general del Registro Nacional de Vehículos de México.
Cavallo, había sido procesado por el juez español de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, estuvo preso en España desde que el 29 de junio de 2003 fuera extraditado por México, donde había sido detenido el 24 de agosto de 2000.
El imputado había sido identificado por víctimas del régimen militar argentino (1976-1983) como el capitán de corbeta Miguel Angel Cavallo, alias 'Serpico' y 'Marcelo', y la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana dictó una resolución que permitió conceder la extradición a España.
Cavallo fue acusado de 7 asesinatos, 152 casos de lesiones y 407 secuestros, torturas y desapariciones en la ESMA, englobados como genocidio y terrorismo totalizan 17.000 años de cárcel. Esa es la condena que pidió la fiscal de la Audiencia Nacional de España, Dolores Delgado, para el represor Ricardo Miguel Cavallo.
En los juicios que tuvieron lugar en nuestro país y ante el juzgado de Juan José Galeano se dijo, “contaba en tono burlón cómo las personas pedían por favor y lloraban”, declaró José Luis Bernabei, que trabajaba en el complejo frente al lago. “Dijo que las arrojaban al Río de la Plata y que él era piloto. Nombró como compañero a (Ricardo Miguel) Cavallo. Decía que los vuelos salían de Palomar o Morón, que les ponían una bolsa en la cabeza, los subían a aviones y los trasladaban hasta que eran arrojados”, contó.
Para quienes necesiten algunos datos más, recordamos que el diario El Mundo de España (diario conservador), calificó a Cavallo como “uno de los verdugos de la historia de Argentina, hombre, de sonrisa helada y crueldad desmedida”.

EL FIN DE LAS LEYES DE LA IMPUNIDAD
Para quienes aún no han tomado debida nota sobre la importancia de lo realizado desde el 2003 a la fecha en materia de Derechos Humanos, vaya una explicación sobre porque Quevedo firmaba una nota dirigida al entonces presidente de México (año 2003), en la que se pedía textualmente “su seguro regreso a la Argentina”.
Simplemente era porque en nuestro país aún no habían sido anuladas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en las que se amparaban torturadores y asesinos de distinta laya.
Actualmente el asesino y torturador cumple prisión en la Argentina.